México está a punto de hacer un cambio que suena progresista pero que muchos ven como un espejismo. El Congreso discute reducir la semana laboral de 48 a 40 horas, algo que ya hace décadas implementaron países más desarrollados. Pero aquí está el problema: la ley no especifica que los trabajadores tengan derecho a dos días de descanso seguidos. En teoría, un empleador podría distribuir esas 40 horas a lo largo de seis días, manteniendo el esquema de lunes a sábado que ha sido norma en México desde la Revolución.

Para entender por qué esto importa, hay que saber que los mexicanos están entre los que más trabajan en el mundo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), países latinoamericanos como México, Colombia, Costa Rica y Chile promedian entre 42 y 45 horas semanales. Los holandeses, en cambio, trabajan solo 30 horas. El promedio de la OCDE es 37 horas. Además, casi el 15 por ciento de los trabajadores mexicanos labora más de 48 horas cada semana, y más del 50 por ciento de la población económicamente activa está en la economía informal, donde los derechos prácticamente no existen.

La paradoja es que trabajar más no genera más riqueza. México está entre los países con menor productividad por hora trabajada dentro de la OCDE. Cuando las personas están cansadas, cometen más errores y se enferman más. Pero la reforma tiene trampa adicional: también cambia cómo se pagan las horas extras. Actualmente, un trabajador que labora más de 8 horas recibe 200 por ciento de su salario base, y 300 por ciento después de la décima hora. La nueva ley elimina ese triple pago, lo que significa menos dinero para quienes necesitan esas horas extras para llegar a fin de mes.

Rodolfo Gómez, portavoz del Frente Nacional por las 40 Horas, lo resume así: "No agregar el segundo día de descanso obligatorio es un punto de por sí mismo muy problemático. Sería un gran retroceso de los derechos laborales. Agregaría más precarización al trabajador de la que tiene".

Expertos internacionales advierten que para que esto funcione, se necesitan tres cosas simultáneamente: primero, que la ley garantice realmente dos días de descanso; segundo, que haya un sistema de registro electrónico para controlar que se respete el horario; y tercero, que las empresas inviertan en capacitación y tecnología para trabajar de forma más eficiente. Sin esto, la reforma quedará solo en el papel. El gobierno plantea reducir dos horas anuales hasta 2030, pero sin estos controles, los patronos podrían simplemente distribuir las horas como les convenga.

Los empresarios dicen que necesitan tiempo para adaptarse y han pedido incentivos al gobierno. Los trabajadores, mientras tanto, desconfían. Temen que lo que el gobierno presenta como progreso termine siendo una forma legal de mantener lo de siempre: más horas repartidas de otra manera, menos dinero en horas extras, y el sábado laboral intacto.