En La Guajira acaban de abrir una puerta de diálogo que muchos esperaban. La Gobernación instaló una mesa interinstitucional para atender las solicitudes de autoridades indígenas de 21 comunidades Wayuu, quienes tenían inquietudes sobre el uso de un camino ancestral que accede al proyecto eólico Windpeshi. Lo que pudo convertirse en un enfrentamiento se transformó en un espacio de conversación entre comunidades, empresa e instituciones públicas.

El gobernador Jairo Aguilar Deluque impulsó esta iniciativa convencido de que llegar a las comunidades y abrir canales de comunicación es la mejor manera de prevenir conflictividad. La secretaría de Asuntos Indígenas Departamental, bajo la dirección de Oriana Zambrano, coordinó toda la articulación. En la mesa participaron la secretaría de Asuntos Indígenas de Uribia, Ecopetrol, Nación Wayuu, la Defensoría del Pueblo, el ministerio de Minas y Energía y el ministerio del Interior a través de su Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.

Las comunidades Wayuu invocaron su derecho a la consulta previa por los posibles impactos derivados del uso del camino. La Gobernación respondió promoviendo un espacio de escucha donde cada actor expuso sus inquietudes y posiciones técnicas relacionadas con el caso. Durante el encuentro quedó claro algo importante: la decisión sobre si procede la consulta previa no la toma la mesa de diálogo, sino la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, que es la entidad competente según la ley.

Este espacio institucional tiene un propósito específico y limitado: ordenar la información, recopilar soportes y facilitar que las solicitudes de las comunidades lleguen a la instancia nacional con todo lo necesario. No reemplaza la consulta previa ni define si esta procede. Lo que hace es preparar el terreno para que el trámite avance correctamente. Ecopetrol ratificó su disposición de continuar el relacionamiento social con debida diligencia, y las administraciones públicas asumieron acompañar permanentemente el proceso.

Como resultado principal, lo que comenzó como un cierre territorial se convirtió en una ruta de diálogo. Se acordó consolidar la información de las comunidades reclamantes para gestionar ante la autoridad nacional la revisión técnica sobre la procedencia de la consulta previa. Este paso será crucial cuando la DANCP tome su decisión final.

La Gobernación dejó clara su posición: la transición energética en La Guajira debe avanzar "con respeto por los derechos de los pueblos indígenas, con información clara, participación efectiva, seguridad jurídica y diálogo intercultural". Por eso se comprometió a continuar promoviendo encuentros entre las comunidades y las entidades involucradas, buscando reducir tensiones y construir acuerdos que beneficien a todos.