Cuando una familia se quiebra, los trámites se complican. Para cualquier menor de edad que quiera viajar fuera de Colombia, la ley exige algo que en muchas casos se vuelve casi imposible: el permiso firmado y autenticado de ambos padres. Padres desaparecidos, divorcios conflictivos y familias rotas hacen que cientos de menores terminen sin poder salir del país. Pero hay un camino que la ley permite para evadir este obstáculo.

La norma viene del artículo 110 del Código de Infancia y Adolescencia, que es bastante claro. "Cuando un niño, niña o adolescente vaya a salir del país con uno de los padres o con una persona distinta a sus representantes legales, deberá obtener previamente el permiso de aquel con quien no viajare o de aquellos (...) Dicho permiso deberá contener el lugar de destino, el propósito del viaje y la fecha de salida e ingreso al país". Además, ese permiso debe estar autenticado por notaría, lo que complica aún más las cosas cuando hay conflictos entre los padres.

La puerta de salida llegó con la Ley 2097 de 2021, que creó el REDAM, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Esta es una base de datos nacional donde aparecen las personas que acumulan retrasos en el pago de la cuota alimentaria, es decir, quienes no cumplen con sus obligaciones económicas hacia sus hijos u otras personas que dependan legalmente de ellos. Para que alguien entre en ese registro, el incumplimiento debe ser de al menos tres pagos consecutivos.

Aquí viene lo importante para los viajes: la ley permite que un menor pueda salir de Colombia sin el permiso de uno de sus padres si ese padre o madre está registrado en el REDAM. La medida tiene sentido: si alguien no cumple con mantener económicamente a su hijo, no debería poder impedir que el menor viaje con el otro progenitor. El padre o madre que acompaña al menor solo necesita presentar un documento que demuestre que el otro está inscrito en ese registro.

Vale aclarar que entrar al REDAM no es algo que suceda automáticamente. Debe existir una decisión de una autoridad competente, y la ley garantiza que la persona acusada tenga derecho de defensa antes de ser inscrita. Además, estar en ese registro trae otras consecuencias para el adulto: restricciones para contratar con entidades públicas, dificultades para acceder a ciertos cargos oficiales, y posibles limitaciones en trámites financieros o migratorios.