Hace un año, Andrés Idárraga, secretario de la Oficina de Transparencia de la Presidencia, levantó la voz para advertir sobre lo que llamó un carrusel de contratación. Se trataba de un esquema donde empresas actúan como intermediarias para ejecutar contratos del Estado sin seguir completamente los procedimientos que exige la ley. Pues bien, esa alarma nunca frenó el negocio. Estas organizaciones continuaron operando y lograron acumular cerca de medio billón de pesos en convenios.

Los principales involucrados son AlDesarrollo, Red Summa, Red Universitaria y el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, conocidos como "contrataderos" por su rol como canalizadores de recursos públicos. Lo llamativo es que estos contratos se concentraron entre finales de 2025 e inicios de 2026, justo antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías y en pleno calendario electoral. Según una investigación de La Silla Vacía, estos recursos se ejecutaron en programas dirigidos a víctimas del conflicto, comunidades indígenas y población vulnerable, sectores que forman parte del discurso político del candidato Iván Cepeda. Los programas incluían entrega de dotaciones, apoyo a emprendimientos, ferias empresariales e infraestructura comunitaria. Un ejemplo: en diciembre de 2024, W Radio denunció un contrato por 15 mil millones de pesos para la compra de 283 botes destinados a pescadores vulnerables. El contrato fue entregado directamente a Red Summa, una organización sin experiencia en esa materia.

AlDesarrollo lidera la lista con contratos superiores a 290.000 millones de pesos, distribuidos entre el Departamento para la Prosperidad Social (que aportó cerca de 102.631 millones), la Unidad para las Víctimas (alrededor de 144.281 millones), la Agencia de Desarrollo Rural, el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Transporte. El segundo mayor beneficiario es el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, que maneja aproximadamente 251.658 millones, mayormente provenientes del Ministerio del Interior. Red Universitaria y Red Summa también recibieron importantes recursos del DPS.

Lo grave es que estas organizaciones ya habían sido objeto de alertas. Idárraga alertó públicamente sobre lo que consideraba prácticas problemáticas. "Es supremamente contradictorio que digan que son entidades sin ánimo de lucro cuando claramente tienen un ánimo de lucro, son dueños de cayos, multimillonarios; no estamos hablando de representantes legales que tienen un sueldo precisamente de 100 millones de pesos, sino de personas que, siendo principales y suplentes al frente de estas entidades, hoy son multimillonarios", expresó en Caracol Radio. AlDesarrollo, por ejemplo, ha estado vinculada a Moisés Hernández, quien posteriormente cambió su nombre a Moisés Garvín. Hernández es esposo de la candidata Sandra Macollins y cercano al candidato presidencial Roy Barreras. La organización está conformada por instituciones técnicas y educativas ubicadas en Buga, Valle del Cauca, y San Juan del Cesar, La Guajira. Su representación legal está a cargo de Omar Flórez Escorcia, quien anteriormente trabajó para Red Summa.

Un patrón preocupante emerge en el funcionamiento de estas "contrataderas": operan como entidades mixtas con participación pública y privada, lo que les permite recibir contratos directos del Estado y luego subcontratar bajo reglas más flexibles. Además, en varios procesos estas organizaciones aparecieron cotizando entre sí dentro del mismo contrato, una dinámica que podría limitar la competencia real. Idárraga pidió investigar posibles prácticas de colusión, especialmente considerando que ahora hay casi un billón y medio de pesos de recursos públicos concentrado en pocas manos.

Desde el Gobierno y las entidades involucradas defienden sus acciones. Sostienen que "los convenios responden exclusivamente a la ejecución de programas sociales contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo" y rechazan cualquier interpretación sobre eventual uso electoral de los recursos públicos.