La situación en las Unidades de Cuidados Intensivos del país llegó a un punto crítico. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y el Sindicato de Médicos Intensivistas salieron a alertar sobre el deterioro severo de las condiciones laborales de quienes trabajan en estas áreas. El problema más urgente: hay instituciones de salud en Bogotá que acumulan retrasos de hasta tres meses en los pagos a médicos intensivistas, profesionales contratados bajo la modalidad de prestación de servicios.

Según el comunicado de los gremios, estos retrasos "vulneran derechos laborales fundamentales y afecta la estabilidad del sector". El asunto no es menor: los médicos intensivistas no solo enfrentan jornadas exigentes cuidando a los pacientes más críticos, sino que además ven cómo sus ingresos se demoran sin justificación. Las organizaciones denuncian que la contratación por prestación de servicios se ha convertido en una práctica impuesta y generalizada, cuando debería ser excepcional y acordada libremente entre las partes.

Pero la preocupación va más allá del bolsillo de los médicos. Los gremios subrayan que la precarización laboral en las UCI "pone en riesgo la continuidad y calidad de la atención a los pacientes en servicios críticos". Un médico agotado, sin seguridad laboral y esperando su pago durante meses simplemente no puede garantizar la misma calidad de atención que merecen los enfermos más graves.

Por eso hicieron un llamado directo al Gobierno Nacional para que fortalezca los mecanismos de inspección, vigilancia y control que garanticen condiciones dignas y pagos oportunos. Además exigen respeto por derechos básicos como la afiliación completa a seguridad social, el reconocimiento de prestaciones sociales, vacaciones, descansos remunerados y protección contra despidos sin justa causa. El comunicado fue firmado por Jaime Alberto González Díaz, Manuel Andrés Garay Fernández y Juan José Vélez Cadavid.

Los gremios hicieron un llamado a la unidad del sector médico para rechazar prácticas que deterioran la dignidad profesional y, en última instancia, comprometen la seguridad de los pacientes. No se trata solo de justicias laboral, sino de garantizar que quienes salvan vidas en las UCI tengan las mínimas condiciones para hacerlo dignamente.