La tensión entre el Gobierno Nacional y las instituciones judiciales volvió a escalarse esta semana. Todo comenzó cuando el presidente Gustavo Petro, durante una alocución el pasado 27 de abril, apuntó directamente contra el Instituto Nacional de Medicina Legal acusándolo de retener información crucial. El mandatario sostuvo textualmente que Medicina Legal "oculta el informe sobre por qué murió el niño en Huila" y agregó: "Medicina Legal es la que sabe por qué murió y no entrega el informe, porque la Fiscal General dijo que no nos lo entregaran".

El Instituto de Medicina Legal no se quedó callado. A través de un comunicado oficial firmado por su director general, Ariel Emilio Cortés Martínez, la entidad desmintió al Presidente y aclaró los pasos legales que siguió en el caso. Explicó que como auxiliar de la justicia, Medicina Legal no tiene autorización constitucional para entregar resultados de autopsias sin una orden judicial previa. Esos documentos están bajo reserva legal y solo pueden ser entregados a las autoridades que adelantan la investigación penal, en este caso la Fiscalía.

Lo que sucedió después reveló que la batalla ya había llegado a los juzgados. El Ministerio de Salud había enviido un requerimiento el 4 de marzo pidiendo la historia clínica y el informe de autopsia del menor. Medicina Legal respondió negando la entrega, apegándose a la ley. Inconformes, desde el Ministerio de Salud interpusieron una acción de tutela el 25 de marzo contra Medicina Legal, argumentando que se vulneraba el derecho fundamental de petición. Pero aquí viene lo clave: el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá falló el 14 de abril a favor de Medicina Legal, declarando improcedente la tutela.

En su comunicado, el director Cortés Martínez cerró el tema recordando que "nuestra misión es prestar servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia, sustentados en la investigación científica en un marco de calidad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana". Con esto, la entidad forense intentó alejarse de cualquier disputa política y recordar que actúa conforme a lo que establece el ordenamiento jurídico colombiano. Por ahora, desde la Casa de Nariño no han emitido respuesta a las claridades legales presentadas por Medicina Legal.