Aproximadamente 65 menores de edad fallecieron en operaciones militares durante el actual gobierno, cifra que reveló el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés. Las víctimas tenían entre 14 y 17 años y los casos se concentraron principalmente en Guaviare, Arauca y Putumayo, además de zonas periféricas donde se han ejecutado estas operaciones.

El dato llega a días de que termine el cuatrienio y abre un debate incómodo: el Gobierno que llegó con la promesa de "paz total" y que mantuvo suspendidos los bombardeos durante casi dos años, cierra su período con un saldo que preocupa a defensores de derechos humanos. Lo paradójico es que el presidente Petro, cuando era senador y líder de la oposición, criticaba duramente este tipo de operaciones.

Durante los primeros años del gobierno actual no hubo bombardeos. Esa decisión respondía a la política de "seguridad humana" que pregonaba el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien consideraba que los niños y adolescentes reclutados forzosamente por grupos armados eran víctimas del conflicto y no podían ser blancos de operaciones militares. Pero ese enfoque comenzó a cambiar en 2024. Las operaciones se reanudaron a mediados de ese año, lo que analistas interpretaron como un giro en la estrategia de seguridad frente al fortalecimiento de los grupos armados ilegales.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió urgentemente al presidente Petro en noviembre pasado que suspendiera bombardeos en lugares donde hubiera menores reclutados, después de confirmar 15 muertes de adolescentes en operaciones contra disidencias de las Farc. El operativo más controvertido ocurrió en Calamar (Guaviare), donde murieron al menos siete menores durante una ofensiva contra alias Antonio Medina. El caso generó tanto revuelo que llegó a debate de control político en el Congreso.

Ante las críticas, Petro defendió la continuidad de los bombardeos. "Si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas, porque se darán cuenta que así se cubrirán de riesgos militares mayores", escribió en su cuenta de X. Un argumento que, sin embargo, choca con lo que el propio mandatario decía años atrás. En 2021, siendo senador, cuestionó un bombardeo del gobierno Duque en Guaviare donde murieron menores, asegurando que "siguiendo el libreto de mostrar muertos para recibir aplausos, el ministro de Defensa permite que se asesine a los niños".

La exviceministra de Defensa Daniela Gómez también subrayó el cambio de dirección. En noviembre pasado comparó: "En cuatro años del gobierno Duque se asesinaron 22 niños, niñas y adolescentes. El Gobierno de Petro va en 15 y dice que va a seguir". La cifra que ahora entrega Medicina Legal casi cuadruplica aquella cifra citada por Gómez, lo que sugiere que más operaciones o más víctimas fueron registradas en los meses posteriores a esa declaración.