La disputa sobre la muerte del menor Kevin Arley Acosta Pico llegó al punto de quiebre. El presidente Gustavo Petro arremetió contra el Instituto Nacional de Medicina Legal acusándolo de retener información, mientras que el director de la entidad responde que simplemente está cumpliendo la ley.

Durante una alocución reciente, Petro criticó duramente la demora en la entrega del informe de necropsia. Según el mandatario, Medicina Legal estaría buscando sostener una narrativa de culpabilidad contra la Nueva EPS sin tener las pruebas científicas para hacerlo. "Medicina Legal sabe de qué murió y no entrega el informe. Esto es un manejo político de la muerte", sentenció el jefe de Estado.

A través de un video oficial, Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, salió al paso de estos cuestionamientos. Explicó que como auxiliar de la justicia, la entidad tiene estrictamente prohibido divulgar resultados de necropsias a personas naturales o entidades gubernamentales sin que exista una orden judicial que lo autorice. Para demostrar que han actuado dentro del marco legal, Cortés detalló paso a paso lo que ha sucedido: el Ministerio de Salud pidió el informe el 4 de marzo, petición que fue rechazada por falta de competencia legal del solicitante. El Ministerio interpuso una tutela el 25 de marzo argumentando vulneración al derecho de petición. Finalmente, el 14 de abril, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá le dio la razón a Medicina Legal, declarando improcedente la tutela.

Con esta respuesta, Medicina Legal cierra filas en torno a su independencia técnica. Cortés enfatizó que la misión de la entidad es prestar servicios forenses "sustentados en la imparcialidad y el respeto por la dignidad humana". El informe del caso Kevin Acosta solo saldrá a la luz pública cuando el juez o fiscal a cargo de la investigación lo determine, no antes. La entidad deja clara la puerta cerrada a cualquier presión del Ejecutivo.