Medellín avanza en una batalla decidida contra la explotación sexual infantil. Homeland Security Investigations, la agencia estadounidense especializada en investigaciones de seguridad, se unió con la ciudad en una alianza internacional que busca identificar, capturar y condenar a los depredadores que buscan abusar de menores en la capital antioqueña, sin importar su nacionalidad ni si están fuera del país.

El acuerdo representa un cambio importante en la estrategia de persecución penal. Estados Unidos cuenta con leyes de delitos extraterritoriales que permiten juzgar a sus ciudadanos en cortes estadounidenses por crímenes cometidos en el extranjero. Esto significa que si un ciudadano norteamericano viene a Medellín y abusa de un menor, puede enfrentar juicio en su país de origen, incluso con sentencias de cadena perpetua.

Los números revelan la dimensión del problema y los primeros logros de esta cooperación. Desde 2024, las autoridades han capturado a 27 extranjeros involucrados en estos delitos, mientras que en el aeropuerto internacional han rechazado a 145 personas que tenían antecedentes de abuso sexual de menores en sus registros. Se trata de un filtro preventivo que impide que potenciales criminales entren al país.

La estrategia también incluyó una reunión con más de 30 agentes internacionales dedicados a recopilar información, identificar redes criminales organizadas y capturar más responsables. Entre los objetivos prioritarios está Timothy Alan Livingston, ciudadano estadounidense aparentemente vinculado a múltiples casos de explotación sexual de menores en Medellín.