Lo que pasó en el Centro Comercial San Diego durante las elecciones del 31 de mayo fue un caos que no debería repetirse. Las mesas de votación fueron trasladadas sin previo aviso del primer piso al piso 11 del complejo, una decisión que generó problemas serios para cientos de ciudadanos que quisieron ejercer su derecho al voto.

Las filas superaron la hora de espera y apenas dos ascensores estaban funcionando para atender a toda esa multitud. Adultos mayores, personas con movilidad reducida y mujeres embarazadas se vieron obligados a subir once pisos por las escaleras, algo prácticamente imposible para la población más vulnerable. Las redes sociales no pararon de denunciar la falta de previsión logística en lo que es uno de los puestos de votación con mayor flujo de gente en Medellín.

El alcalde Federico Gutiérrez no se quedó callado. Dirigió una carta formal al Registrador Nacional, Hernán Penagos Giraldo, pidiendo que se revisaran las condiciones del puesto. En su comunicación presentó dos opciones: la principal era regresarlo al primer piso, donde había funcionado durante más de treinta años antes del cambio. Como alternativa, sugirió evaluar otra ubicación que garantizara mejores condiciones de accesibilidad para todos.

Lo más preocupante es que el traslado había sido decidido por un comité integrado por la Fiscalía, la Procuraduría, la Registraduría Nacional y la propia Alcaldía, pero sin avisar a los ciudadanos. Hasta ahora, la Registraduría no ha informado si aceptará la solicitud de reubicación para la segunda vuelta electoral del 21 de junio. Lo cierto es que esta situación dejó en evidencia los problemas logísticos que pueden surgir cuando no hay suficiente planificación, comprometiendo el derecho fundamental de la gente a votar en condiciones dignosas.