Lo que parecía ser problemas puntuales en el sistema de salud se convirtió en una crisis que hoy tiene en vilo a miles de medellínenses. Para entender cómo llegamos a esta situación tan crítica, es necesario remontarse a los movimientos que la administración de Medellín hizo hace apenas un año.

En mayo de 2025, la ciudad decidió pasar del reclamo al juzgado. El distrito presentó una acción popular contra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Nacional de Salud y las EPS más grandes del país: Savia, Nueva EPS, Coosalud y Sanitas. La demanda tenía dos objetivos claros: proteger el derecho fundamental de los medellinenses al acceso a servicios de salud y obligar al gobierno nacional a pagar la deuda que acumula con hospitales y clínicas.

Los jueces tomaron en serio la advertencia. En julio de ese año, el tribunal ordenó medidas cautelares urgentes para resguardar ese derecho a la salud. Pero la historia no terminó ahí. Para agosto, el tribunal constató que el gobierno simplemente no había cumplido lo ordenado. Entonces, en febrero de 2026, emitió un incidente de desacato que dejó clara la gravedad: advirtió a los ministros y funcionarios involucrados que podrían enfrentar hasta seis meses de cárcel y multas que saldrían de su propio bolsillo.

A pesar de esas sanciones amenazantes, la situación no mejoró. El lunes 13 de abril, la Secretaría de Salud de Medellín no tuvo más opción que declarar la emergencia hospitalaria. Los servicios de urgencias están rebosados: la ocupación oscila entre 150 y 250 por ciento de la capacidad instalada. En otras palabras, los hospitales están saturados y sin espacio para atender a más gente, pero siguen llegando pacientes que necesitan ayuda inmediata.