La administración municipal de Medellín levantó la mano para cuestionar la participación del superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, en asuntos relacionados con la salud de la ciudad. El alcalde Federico Gutiérrez y la secretaria de Salud, Natalia López Delgado, presentaron una recusación formal ante la entidad pidiendo que Quintero se aparte de cualquier decisión sobre el sistema sanitario local.

El argumento central es que Quintero no puede ser imparcial. Cuando estuvo al frente de la Alcaldía entre 2020 y 2023, tuvo influencia directa en cómo se organizaba y funcionaba la red pública de salud de Medellín. Esa experiencia, según el Distrito, genera un conflicto de intereses que lo inhabilita para vigilar hoy las mismas instituciones que él ayudó a gobernar.

Pero hay más. En este momento existen varios litigios abiertos entre el Distrito y la Superintendencia. Hay una acción popular sobre deudas que las aseguradoras de salud (EPS) tienen con hospitales y clínicas locales, lo que coloca a Quintero como contraparte del municipio. Además, la Alcaldía ha presentado demandas contra el nombramiento del superintendente ante el Consejo de Estado y hay denuncias penales cruzadas entre Gutiérrez y Quintero, con investigaciones en curso en organismos de control.

El Distrito también resalta que Quintero ha hecho declaraciones públicas sobre la situación de la salud en Medellín que, a juicio de la administración, anticipan posiciones sobre temas que él mismo debería vigilar con neutralidad.

Si la recusación no es aceptada, el Distrito solicita que la Procuraduría designe un funcionario ad hoc, es decir, un funcionario especial e independiente, que asuma las decisiones sobre salud en Medellín. Lo que buscan es garantizar que todo se maneje sin sesgos mientras la controversia entre la administración y el superintendente sigue su curso.