La batalla contra los abusos en las viviendas de renta corta en Medellín no se detiene. La Secretaría de Turismo mantiene su ofensiva regulatoria después de que salieron a la luz los cobros escandalosos que algunos dueños de inmuebles han estado aplicando durante eventos importantes de la ciudad. El caso más emblemático fue el del propietario que pedía 98 millones de pesos por una vivienda en el Lleras durante el concierto de Bad Bunny, situación que encendió las alarmas en la administración y la ciudadanía.

Desde el comienzo de este año, el distrito ha inspeccionado 135 viviendas turísticas. De esas, en 51 se han impuesto medidas de suspensión temporal de actividades. Los números muestran un trabajo sistemático para controlar que estos inmuebles cumplan con la normatividad, aunque el problema sigue siendo de gran magnitud en la ciudad.

El problema no se limita solo a los precios abusivos. Las autoridades han identificado que varios propietarios están usando estos espacios para actividades diferentes a las permitidas, lo que añade un nuevo frente a la regulación. Por eso el distrito ha decidido endurecer las medidas de control, priorizando las tres comunas donde se concentra el 3.5% de todos los inmuebles destinados a rentas cortas: El Poblado, Laureles-Estadio y Belén. En estos sectores los controles serán más estrictos.

Según el gremio inmobiliario, unas 12 mil viviendas están inscritas en plataformas de alojamiento corta en Medellín. Esta cifra preocupa a las autoridades porque considera que alimenta el aumento desmesurado de los arriendos regulares en la ciudad. Por eso la administración municipal tiene como objetivo principal regular y sectorizar este tipo de rentas para frenar el crecimiento desbordado de los precios de vivienda, un problema que afecta a miles de colombianos que buscan un lugar dónde vivir a precios accesibles.