Un operativo coordinado entre varias autoridades en Medellín logró desmantelar lo que sería una de las redes más grandes de robo de servicios públicos en la ciudad. El resultado fue la extinción de dominio sobre 42 bienes que, según las investigaciones, funcionaban como parte de una estructura delictiva que manipulaba medidores y hacía conexiones ilegales de agua, luz y gas.

La investigación tomó dieciséis meses de trabajo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, EPM, la Policía Nacional y la Fiscalía General. Los bienes afectados incluyen catorce establecimientos del sector hotelero y veintiocho inmuebles ubicados en zonas como Laureles, Belén y el Centro de la ciudad. El avalúo de estos bienes alcanza aproximadamente 96 mil millones de pesos.

Lo más preocupante para las finanzas públicas es que, solo entre 2020 y 2025, esta red habría ocasionado pérdidas superiores a 1,24 billones de pesos. Según los reportes, la operación ilegal comenzó desde 2013 con el propósito de reducir costos operativos y generar ganancias ilegales. Pero más allá de lo económico, las autoridades alertaron sobre los peligros reales que estas conexiones fraudulentas representaban para los vecinos: riesgos de incendios, inundaciones, explosiones y daños estructurales causados por instalaciones deficientes e irregulares.

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, describió este operativo como uno de los mayores golpes recientes contra economías ilegales en la ciudad. El funcionario explicó que el objetivo es afectar directamente las fuentes de dinero que alimentan a organizaciones criminales y desmantelar estructuras que operaban escondidas detrás de negocios que parecían legales.

Las investigaciones también sacaron a la luz presuntos vínculos familiares, comerciales y societarios entre los propietarios de los inmuebles y establecimientos involucrados. Los bienes quedaron bajo custodia de la Fiscalía y serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales mientras continúa el proceso judicial.