La situación de la salud en Medellín llegó a un punto crítico. Desde hace varias semanas, los hospitales y clínicas de la ciudad operan bajo una presión insostenible por las deudas que las EPS intervenidas tienen pendientes con la red pública. Esto provocó que en abril se declarara formalmente la alerta hospitalaria, una medida excepcional que refleja la gravedad de lo que está pasando en los centros de atención.

Las cifras son alarmantes. Las EPS adeúdan más de 283 mil millones de pesos solo a Medellín, mientras que a toda la red de Antioquia les debe 8 billones de pesos. Esta deuda ha obligado a instituciones como Cardio VID y el hospital Alma Máter a dejar de recibir pacientes de la Nueva EPS, generando un colapso en cascada en el resto del sistema. El alcalde Federico Gutiérrez lo describió así: "la red está operando en este momento en Medellín a niveles críticos, al igual que está pasando en muchas ciudades del país". Según su reporte, los servicios de urgencia superan ampliamente su capacidad, con cifras que llegan a 191% en el hospital La María, 163% en Incodol y más del 150% en el San Vicente Fundación y el Pablo Tobón Uribe.

El colapso es visible en las salas de los hospitales. En el Hospital General de Medellín, cerca de 100 pacientes deambulan por corredores y salas de espera esperando ser atendidos y que les autoricen procedimientos. Hay casos particulares que ponen en evidencia la urgencia de la situación: alrededor de 30 personas sometidas recientemente a cirugías en Cardio VID están en riesgo por falta de medicamentos. Ante esto, la secretaría de salud de Medellín propuso acciones inmediatas. Natalia López, la secretaria, señaló que es necesario "agilizar el giro de las camas y las altas tempranas, así como activar todos los procesos de atención domiciliaria para poder llevar pacientes que pueden terminar sus tratamientos de manera domiciliaria y poder desocupar las camas de los hospitales y las clínicas".

Frente al incumplimiento de los pagos por parte del Gobierno nacional, las autoridades locales han decidido escalar el conflicto legalmente. El alcalde Gutiérrez solicitó al Tribunal Administrativo de Antioquia que aplique la máxima sanción contra los ministros de Salud y Hacienda, el superintendente de Salud y demás funcionarios públicos por no cumplir los plazos establecidos para pagar la deuda. También pidió al contralor, procurador y Defensoría del Pueblo que vigilen el cumplimiento de una orden de desacato previa, mientras que solicitó a la Fiscalía que abra investigaciones por los delitos de fraude a resolución judicial y prevaricato por omisión.