El hacinamiento en las estaciones de Policía de Medellín ha llegado a niveles críticos. Mientras hay instalaciones diseñadas para apenas 75 personas, como la de Candelaria, hoy albergan más de 300 detenidos. Esta situación se repite en toda la ciudad: Laureles tenía capacidad para 30 pero tiene 104 ocupantes; Belén, con 20 cupos, llegó a 115. Es un problema que rebasa los límites de lo humanamente posible y que, además, fue objeto de una sentencia de la Corte Suprema ordenando a los alcaldes resolverlo.

Ahora, Medellín avanza en la construcción de una solución. Se trata de una Cárcel para Sindicados ubicada en San Cristóbal que tendrá exactamente 1.339 cupos, según confirmó el alcalde Federico Gutiérrez. El proyecto ya está en marcha con un 9 por ciento de ejecución y contempla seis pabellones, incluyendo uno especializado para adultos mayores y personas con movilidad reducida. Además de las celdas, el complejo contará con áreas de sanidad, jurídica, capacitación laboral, espacios para visitas familiares y un centro de control equipado con tecnología de vigilancia avanzada.

El modelo de esta cárcel responde a estándares internacionales de derechos humanos, conocidos como Reglas Mandela. "Este es un modelo en el que hay orden, autoridad y respeto absoluto por los derechos humanos. Aquí no habrá hacinamiento", señaló el alcalde Gutiérrez, dejando clara la intención de que esta infraestructura sea completamente diferente al caos actual de las estaciones.

La inversión necesaria es significativa: 675.000 millones de pesos, financiados a través de un modelo de asociación público-privada con pagos programados entre 2027 y 2038. Aunque el costo es alto, la Administración argumenta que el impacto social y la capacidad de descongestionar las estaciones justifican la inversión.

Más allá de resolver el problema de sobrepoblación, la obra también está generando empleo. Actualmente vincula a 297 trabajadores y se proyecta que para 2026 llegue a 500, con énfasis en contratación de mujeres y personas de la región. El proyecto incluye compensaciones ambientales de más de 15,75 hectáreas y medidas tecnológicas para evitar afectar a las comunidades vecinas.

La Alcaldía ha prometido seguimiento permanente tanto a la construcción como al funcionamiento del modelo operativo, buscando fortalecer la capacidad institucional y consolidar una política de seguridad que integre control, cumplimiento de la ley y resocialización de los internos. Es una apuesta ambiciosa que, si funciona, podría cambiar la cara del sistema de detención en la ciudad.