Medellín está en el centro de una investigación que la Superintendencia de Transporte adelanta contra organismos de tránsito de todo el país. La capital antioqueña concentra más de 717 mil fotomultas bajo revisión por posibles irregularidades en los sistemas de fotodetección, convirtiéndose en una de las ciudades con más comparendos comprometidos en el proceso.

A nivel nacional, la Superintendencia investiga más de 5,8 millones de fotomultas expedidas por 37 organismos de tránsito. Según el informe oficial, algunas autoridades habrían operado estos sistemas sin cumplir requisitos técnicos necesarios o utilizando conceptos que fueron expedidos para otras entidades. De confirmarse las irregularidades, las administraciones involucradas podrían verse obligadas a devolver dineros cobrados y enfrentar sanciones económicas.

El alcalde Federico Gutiérrez respondió rápidamente al anuncio. Aunque aseguró que la administración distrital aún no ha recibido notificación oficial, fue enfático en que ningún cobro irregular puede permanecer en pie. "Vamos a analizar esto y revisar exactamente a qué se refieren y cuáles serían los casos específicos", señaló el mandatario. Explicó que actualmente las fotomultas son manejadas directamente por el Distrito desde que terminó el contrato con la concesión que operaba el sistema.

Gutiérrez también se defendió de críticas respecto a las cámaras de velocidad, argumentando que la administración ha tomado medidas para evitar lo que popularmente se conoce como "cámaras trampa". Mencionó la señalización clara de todos los puntos de fotodetección y una reducción en los comparendos por exceso de velocidad y falta de documentos como SOAT o revisión técnico-mecánica. Además, dijo que la ciudad envía alertas preventivas a conductores antes de que venza sus documentos obligatorios, buscando evitar sanciones innecesarias.

Por ahora, Medellín queda a la espera de la notificación oficial de la Superintendencia para conocer en detalle qué fotomultas están siendo cuestionadas y determinar si algunas de ellas podrían quedar sin validez legal.