Ricardo Bonilla se encontró sin abogado esta semana. Mauricio Pava, quien venía representándolo en el caso de corrupción de la UNGRD, presentó su renuncia por decisión propia. El exministro de Hacienda permanece privado de la libertad desde diciembre mientras avanza su proceso judicial, acusado de concierto para delinquir, cohecho y interés indebido en la celebración de contratos, delitos que rechaza.

La salida de Pava no pasó desapercibida. En los pasillos políticos corrió el rumor de que el presidente Gustavo Petro habría ordenado la renuncia, presuntamente por la cercanía del abogado con Laura Sarabia, la embajadora de Colombia en el Reino Unido. Se especuló que el mandatario buscaba aislar a Sarabia de los asuntos relacionados con sus exfuncionarios. Pero eso quedó en el terreno de las conjeturas.

Lo que realmente pasó tiene otro corte. Según fuentes cercanas al proceso, Pava tomó la decisión al notar que desde el círculo de Bonilla se promovía una defensa con mayor carga política, mientras él apostaba por mantener la estrategia en el plano estrictamente jurídico. La semana pasada, Pava le propuso al exministro buscar un equipo de defensa que estuviera dispuesto a asumir ese otro enfoque. Para el abogado, un personaje con el perfil académico de Bonilla y su trayectoria como profesor merecía una estrategia centrada en argumentos técnicos presentados ante los jueces, no una confrontación política en el espacio público.

Desde el entorno de Bonilla consideraban que el ambiente preelectoral y la polarización creciente hacían conveniente una defensa con mayor contenido político. Pava no estaba de acuerdo. Fue él mismo quien sugirió que buscaran un equipo que se sintiera cómodo con esa línea diferente. La entrega formal del caso ocurrió esta semana después de conversar con su cliente.

Vale la pena aclarar que Pava no es un abogado del oficialismo. Nunca ha trabajado para el Gobierno de Petro ni ha sido defensor de su proyecto político. Públicamente ha cuestionado políticas del mandatario, como la llamada "paz total" y aspectos del sistema electoral. Su independencia está refrendada por asesorías que ha brindado en distintos sectores políticos. Tampoco comparte estrategias que busquen deslegitimar cortes, magistrados o jueces, incluso cuando hay desacuerdos procesales.

Los nombres que suenan para reemplazar a Pava son Alejandro Carranza, quien actualmente defiende al presidente Petro y a su hijo Nicolás, o Miguel Ángel Del Río, abogado del candidato presidencial Iván Cepeda. Mientras tanto, Bonilla continúa en la cárcel. Petro ha salido públicamente a respaldar al exministro, asegurando que "lo conozco de años y sé que es inocente en mi conciencia. No interfiero en la justicia y ella determinará. Se apoyó en el uribismo en el ministerio y esa fue su ingenuidad. Ha sido extorsionado y es víctima".

Sin embargo, la realidad judicial es otra. Testigos lo señalaron como una de las cabezas del entramado ilegal que, mediante sobornos a congresistas, buscaba blindar las reformas presidenciales. Bonilla estuvo al frente del ministerio hasta que la presión mediática y judicial lo obligó a renunciar. Después, ya fuera del poder, fue llamado a responder ante la justicia. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó su prisión. Ahora continúa detenido mientras avanza un proceso clave en el escándalo de la UNGRD, que ha salpicado a varios funcionarios del Gobierno.