Antioquia amanece nuevamente de luto. La confirmación de indicios trágicos sobre Mateo Pérez Rueda, un joven de 25 años que dirigía el medio de comunicación El Confidente, añade otro nombre a la lista de periodistas víctimas de la violencia en el país. Mateo se había desplazado hasta la vereda Palmichal con un propósito claro: documentar la confrontación entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, dos actores que disputan el control territorial en la región.

Cuando las instituciones se paralizaron por los riesgos de orden público en la zona, fueron el fotoperiodista Jesús Abad Colorado y el abogado Sergio Mesa quienes decidieron actuar. En su llegada a Briceño, encontraron lo que quedaba del rastro del joven periodista: su motocicleta abandonada al lado de la vía, marcada por signos evidentes de violencia. Junto a ella, su casco y su morral. Estas pertenencias fueron posteriormente entregadas a Gloria y Carlos, los padres de Mateo, en Yarumal, confirmando los temores que ya intuían.

La realidad de la zona es desoladora. "Nadie, absolutamente nadie, puede transitar las vías rurales de Briceño después de las 6:00 de la tarde", relató Sergio Mesa después de la misión. Esas palabras resumen el bloqueo de facto que enfrentan las autoridades para acceder a donde se presume está el cuerpo del joven. Carlos Pérez, el padre, expresa con un dolor casi insoportable lo que ha escuchado repetidamente de quienes intenta que le ayuden: "lo que nos han dicho todos es que no pueden entrar a la zona".

Sin embargo, la presión de la familia y la cobertura mediática lograron movilizar al Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien se desplazó hacia Yarumal el 8 de mayo para coordinar operaciones que permitan recuperar el cuerpo. Es un acto que refleja la urgencia de una situación que clama por respuestas en medio del control territorial ejercido por grupos armados.

Tanto la Fundación para la Libertad de Prensa como la Defensoría del Pueblo han rechazado categóricamente lo que sucedió con Mateo Pérez. Su muerte representa otro ataque directo contra una prensa que, en zonas como esta, sigue pagando el precio más alto por intentar contar la verdad.