La masacre registrada en Ponedera, Atlántico, vuelve a recordarle al país la crudeza de la violencia armada en territorios donde operan estructuras criminales. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que el ataque del 18 de febrero fue clasificado oficialmente como masacre, con tres víctimas fatales. La tragedia enlutó a Colombia en lo que va de 2026, sumando esta cifra a las 19 masacres que ya registra el país este año.

El atentado ocurrió en el barrio San Francisco, donde tres hombres en motocicleta abrieron fuego contra dos mujeres y un niño que estaban en la terraza de una vivienda. Constanza Isabel Rivera Salas murió en el lugar. El menor, Jordán Cervantes López, de apenas dos años, fue llevado de emergencia a un centro asistencial pero no resistió las heridas. Leisis María Silvera Manotas, la tercera víctima, fue hospitalizada gravemente y falleció dos días después, el 20 de febrero. Con su muerte, el caso cruzó el umbral de tres víctimas que define legalmente una masacre.

Lo más inquietante es que esto no fue una sorpresa para las autoridades. La Defensoría del Pueblo ya había emitido la Alerta Temprana 013/25, advirtiendo sobre Ponedera como municipio con riesgo prioritario de violencia. El documento alertaba sobre la imposición de control social por parte de grupos armados ilegales, generando vulneración de derechos humanos, especialmente en comunidades atrapadas en disputas territoriales. El hecho de que la masacre ocurriera en un municipio previamente advertido abre interrogantes sobre la efectividad de estas alertas y la capacidad institucional para prevenir tragedias.

En Ponedera tienen presencia operativa el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia, además de bandas delincuenciales locales. Estos grupos controlan la zona disputando rentas ilícitas como el microtráfico y la extorsión. Aunque la Primera División del Ejército Nacional opera en la región Caribe, la complejidad del escenario de seguridad en el Atlántico sigue siendo un desafío sin resolver.

La comunidad exige justicia y acción. Organizaciones de derechos humanos han recalcado que no basta con operativos después del crimen. Se necesitan estrategias que desarticulen realmente las redes criminales. La Fiscalía y la Policía trabajan en recolección de pruebas y análisis de cámaras de seguridad, pero mientras eso ocurre, el municipio sigue bajo la sombra de la violencia.

La muerte de un niño de dos años intensificó el rechazo ciudadano y renovó el llamado por garantizar protección a la infancia en contextos de conflicto armado. Esta masacre es un recordatorio de que las alertas tempranas, aunque necesarias, no son suficientes sin políticas públicas integrales, presencia estatal real y programas de prevención que vayan a la raíz del problema.