La región del Magdalena Medio en Antioquia vuelve a vivir momentos de terror. Esta vez, tres personas perdieron la vida en lo que habitantes locales denuncian como una masacre perpetrada por estructuras del Clan del Golfo. Entre las víctimas estaría Armando Montero Hernández, un campesino de 42 años de la vereda Campo Bijao que había sido secuestrado días antes.

Todo comenzó el martes 17 de febrero alrededor de las 3 de la tarde. Según reportes comunitarios, integrantes del grupo ilegal detuvieron una línea de transporte que cubría la ruta entre Puerto Berrío y Campo Bijao. Bajo amenazas, obligaron a descender a Montero Hernández. Su paradero se desconoció hasta la tarde del día siguiente, cuando los cuerpos fueron encontrados.

El desenlace fatal ocurrió en el sector conocido como la "Y de la Virgen", un punto estratégico que conecta las vías hacia Remedios y Yondó. Allí hallaron tres cadáveres sin vida, confirmando lo que las comunidades temían desde hace días. El crimen ha desatado una ola de indignación entre los pobladores, quienes cuestionan cómo hechos tan graves ocurren mientras la Décima Cuarta Brigada, los batallones Calibío y Bomboná, y la base militar Cerro Grande patrullan constantemente la zona.

Los pobladores denuncian una contradicción que los asusta: mientras hay fuerte presencia militar en el área, las estructuras del Clan del Golfo mantienen el control de las vías y deciden sobre la vida de los civiles. Esta sensación de desprotección ha llevado a organizaciones locales a lanzar un llamado urgente a la Gobernación de Antioquia y al Gobierno Nacional, advirtiendo que la integridad y la permanencia en el territorio están en riesgo.

Desde el lado oficial, el Ejército Nacional confirmó el despliegue de tropas en la jurisdicción compartida entre la Séptima y la Segunda División. Según reporte de las fuerzas militares, inicialmente identificaron un cuerpo de un hombre asesinado con arma de fuego y aseguraron el área a la espera del Cuerpo Técnico de Investigación. El Gaula, por su parte, ha recibido llamadas de la comunidad informando sobre la presencia de otros dos cuerpos en la zona.

Actualmente, tropas del Ejército coordinan con la Policía Nacional para realizar los levantamientos y la verificación de identidades. Mientras las autoridades avanzan en los protocolos judiciales, el grito de las comunidades es claro: necesitan protección real y efectiva para que el territorio deje de ser un escenario de guerra.