La violencia que azota la región del Catatumbo volvió a cobrar vidas en el municipio de Ábrego. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz confirmó que el pasado 19 de mayo ocurrió una masacre que dejó seis personas muertas, en lo que fue catalogado como el suceso número 56 de este tipo registrado en el país durante 2026.

Lo que hace este crimen particularmente grave es que los atacantes dirigieron sus disparos contra un esquema de seguridad estatal. En el sector de Oropoma, hombres armados retuvieron un vehículo de la Unidad Nacional de Protección e hicieron fuego indiscriminadamente. Entre las víctimas se encontraba Freiman David Velázquez, un líder de juventudes ampliamente reconocido en la región, quien era precisamente la persona protegida por ese esquema de seguridad.

La historia de Velázquez refleja el peligro constante que enfrentan los líderes sociales en esta zona. El joven ya había sido blanco de amenazas contra su vida en múltiples ocasiones, y de hecho, su esquema de protección había resistido un primer ataque armado apenas cinco meses atrás, en enero de 2026. A pesar de contar con protección oficial, no fue suficiente para salvaguardar su vida.

Lo más preocupante es que esta tragedia no llegó por sorpresa. La Defensoría del Pueblo había emitido recientemente dos Alertas Tempranas para Ábrego. Una de ellas, la AT 013/25, pedía acción inmediata y advertía que grupos armados estaban imponiendo normas ilegales en el territorio, poniendo en riesgo los derechos de la población. La otra, la AT 006/26, fue aún más específica: alertaba sobre el peligro grave en Ábrego y Ocaña por la intensificación del conflicto en el Catatumbo, pronosticando exactamente lo que sucedió: homicidios y atentados contra líderes sociales y firmantes de paz.

El Catatumbo es uno de los territorios más peligrosos del país en términos de presencia de actores armados ilegales. En la zona operan el Frente 33 adscrito a las Disidencias, el ELN, Los Pelusos del EPL, además de diversas bandas locales que se disputan el control territorial y las economías ilícitas. Esta multiplicidad de estructuras criminales convierte a la región en un polvorín permanente.

Las autoridades departamentales y la fuerza pública iniciaron las investigaciones técnicas para identificar a los responsables de esta nueva masacre que nuevamente expone la vulnerabilidad de los líderes sociales colombianos, incluso cuando cuentan con medidas de protección del Estado.