En el sur del Cesar crece la preocupación por la Sentencia de Unificación SU-235 de 2016 que la Corte Constitucional emitió relacionada con la Hacienda La Gloria. Lo que comenzó como una decisión judicial se ha convertido en una bomba de tiempo para los trabajadores de esta empresa agroindustrial, donde más de mil personas están en riesgo de quedar sin empleo y sin las garantías laborales que las han mantenido a flote durante años.

El concejal de La Gloria, Donaldo Vilardy, no se ha quedado callado ante la situación. "No queremos una catástrofe laboral en la región. Son más de mil personas que reciben su sustento en la Hacienda La Gloria, familias afectadas que tienen a sus hijos estudiando por fuera, lo que genera una gran preocupación en la comunidad y en los líderes, por los efectos laborales que se generarían", expresó. Su llamado es directo: pide al Gobierno Nacional y a la Corte Constitucional que examinen con lupa cómo se va a ejecutar esta decisión.

Mario Alberto Bustamante, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Simaña, amplía la visión del problema. Para él, la sentencia no solo golpearía a los empleados directos de la hacienda, sino que asfixiaría toda la economía regional. La empresa ha sido durante años el corazón laboral de una zona que ha sufrido históricamente por la violencia, y su colapso dejaría un vacío difícil de llenar.

Hay algo que complica más la situación: el dilema ético que plantean los líderes sociales. Gregorio Riaño reconoce que los campesinos que reclaman tienen razón, pero alerta sobre el costo humano de la medida. "No estamos en contra de la sentencia, es necesario apoyar a los campesinos, pero para amparar a 10 o 15 familias van a perjudicar a más de mil que por años han laborado en la Hacienda La Gloria y que hoy tienen compromisos como créditos, deudas y préstamos que los pueden dejar en la calle", señaló. El problema es que el impacto se sentiría en municipios y corregimientos de toda la zona: Simaña, La Mata, La Gloria, Pelaya, San Bernardo, Costilla, Tamalameque y Aguachica dependen de la actividad palmera.

Las historias personales ponen rostro a la crisis. Leidys Johana Pedrozo trabaja en la empresa y es madre cabeza de hogar. Su voz muestra la angustia de cientos de personas en su situación. "Tenemos hijos en la universidad y el bachillerato, con algunos compromisos adquiridos, pero ahora quedaremos sin trabajo con una edad que nos impedirá conseguir otras oportunidades", dice con la angustia a flor de piel. Para ella, esta no es solo una noticia de periódico: es el posible colapso de todo lo que ha construido para su familia.

Leidys explica que como madre cabeza de hogar su empleo era el único pilar que sostenía la educación, la comida y el bienestar de sus hijos. Ahora enfrenta la realidad de que en una región donde las oportunidades de trabajo son escasas, quedarse sin empleo a su edad se siente como quedarse sin futuro. Y aunque ella tiene nombre y apellido, sus temores son los mismos que viven cientos de trabajadores más en la hacienda.