La realidad del acceso a alimentos en Colombia presenta un panorama desolador para millones de colombianos. Un estudio difundido recientemente confirma que más de cinco millones de hogares en el país carecen de los recursos necesarios para garantizar una alimentación adecuada y constante. Es decir, más de un tercio de las familias colombianas enfrenta restricciones graves en la cantidad y calidad de lo que come a diario.

La inseguridad alimentaria, como la llaman los especialistas, va más allá del simple hambre. Se refiere a esa falta de acceso regular a comida segura y nutritiva que permita a las personas desarrollarse plenamente. El informe deja en claro que esto no es un problema parejo en todo el territorio nacional. El campo vive una situación particularmente grave, donde se entrelazan factores como la pobreza extrema que deja a las familias sin dinero, el desempleo que las deja sin ingresos y un encarecimiento constante de la canasta básica que ha subido más rápido que la inflación general. Además, en regiones donde ha llegado el conflicto armado, la producción agrícola se ha visto interrumpida y las comunidades han perdido acceso a tierras para producir y a mercados donde vender.

Lo más preocupante son las consecuencias que trae esta crisis. Cuando el dinero no alcanza, las familias se ven obligadas a comprar alimentos baratos pero pobres en nutrientes. Este tipo de dieta deficitaria está aumentando los casos de desnutrición, especialmente en niños y adultos mayores. Los expertos señalan que la desnutrición en la infancia golpea el desarrollo mental del niño: genera retrasos en el aprendizaje, problemas de concentración y bajo rendimiento escolar, efectos que se cargan de por vida.

En los adultos, la alimentación insuficiente castiga la capacidad de trabajar. El cansancio, la debilidad física y las enfermedades que llegan más fácil cuando el cuerpo está débil reducen la productividad laboral, lo que impide generar ingresos y perpetúa un círculo vicioso donde la pobreza de hoy genera la pobreza de mañana.

Ante esto, organizaciones sociales defensoras del derecho a la alimentación enviaron un llamado urgente al Gobierno Nacional. Advirtieron que entregar mercados ocasionales o bonos puntuales no soluciona un problema que tiene raíces estructurales. Lo que proponen es más ambicioso: reactivar el empleo formal para que la gente tenga ingresos estables, controlar los precios de los alimentos, fortalecer la agricultura local y apoyar a los pequeños productores. Medidas que, según estos grupos, permitirían que la seguridad alimentaria sea una realidad duradera y no una promesa temporal.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido respuesta oficial a estas peticiones.