Más de 862 mil colombianos tendrán que ponerse el uniforme de jurado de votación el próximo 8 de marzo. La Registraduría Nacional del Estado Civil ya tiene listos a estos ciudadanos, seleccionados de entre 18 y 60 años, para que cumplan con la responsabilidad de garantizar que las elecciones del Congreso y las consultas de precandidatos presidenciales transcurran con transparencia y orden.

El grueso de quienes actuarán ese domingo proviene de empresas privadas: 331.005 designados. Le siguen los estudiantes con 277.620, funcionarios públicos con 129.417, docentes con 101.506 y simpatizantes de organizaciones políticas con 22.844. Todos vienen recibiendo capacitación desde el 9 de febrero para estar preparados.

El trabajo de estos jurados comienza tempranito. Entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde deben atender a los votantes en las mesas. Una vez se cierre el proceso, empieza la verdadera responsabilidad: contar uno a uno los votos, diligenciar manualmente los formularios E-14, más conocidos como actas electorales, y registrar los resultados en tres ejemplares diferentes. La Registraduría ha dado instrucciones precisas sobre cómo llenar estos documentos correctamente para evitar confusiones en el escrutinio.

Ahora bien, aunque suene como un favor, esto no es voluntario. Para los servidores públicos que falten sin justificación o abandonen sus funciones, la ley prevé destituirlos del cargo. Los ciudadanos del común que no asistan enfrentan multas que pueden llegar hasta diez salarios mínimos mensuales.

Como compensación por el tiempo dedicado, todos los jurados, sin importar si trabajan en lo público o lo privado, reciben un día de descanso remunerado que el empleador debe otorgar dentro de los 45 días hábiles después de la votación. No es mucho, pero es la garantía de que el esfuerzo tiene reconocimiento.