La salud en Colombia sigue enfrentando una tormenta sin fin. Esta vez, más de 700.000 afiliados a Nueva EPS en Santander se quedaron sin acceso a medicamentos porque la entidad no ha pagado lo que debe. La interventoría del gobierno mantiene una deuda de $61.000 millones con Offimédicas, el gestor farmacéutico que decidió no seguir trabajando sin garantías de pago.

Nueva EPS, que es la entidad con mayor número de afiliados en el país con más de 11 millones de personas, está en aguas profundas. En menos de dos años, sus deudas se multiplicaron por cuatro: pasaron de $6 billones a $24 billones. Además, acumula más de 120.000 tutelas sin responder y ha tenido cinco interventores diferentes en apenas 21 meses. El panorama no es alentador.

Offimédicas fue claro en su decisión. A través de un comunicado en redes sociales, la entidad denunció que Nueva EPS viene incurriendo en "reiterados incumplimientos en las obligaciones contractuales", específicamente en lo que tiene que ver con pagos. Los servicios que se verán afectados incluyen dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, soportes nutricionales y productos complementarios para pacientes del régimen contributivo y subsidiado.

El documento de Offimédicas detalló deudas acumuladas desde hace meses. En diciembre hubo un déficit de $3.478 millones, en enero de $7.079 millones, en febrero de $6.856 millones y en marzo de $5.879 millones. Frente a esto, la compañía fue taxativa: "no encontramos respuesta ni compromiso para mejorar esta difícil situación que impide el correcto funcionamiento" de Offimédicas. El contrato se terminará el 17 de marzo, aunque Nueva EPS seguirá obligada a pagar lo que debe.

Lo que pasó en Nueva EPS es sintomático de un problema más grande. Por eso 23 congresistas presentaron una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En su documento advierten que los problemas de entrega de medicamentos no son hechos aislados, sino que "evidencian un problema estructural de mayor magnitud que estaría afectando directamente el derecho a la salud en el país".

La realidad que describe el Congreso es dura. Pacientes con enfermedades crónicas ven interrumpidos sus tratamientos sin justificación. Hay "represamiento crítico en la dispensación de fármacos esenciales" y demoras que se repiten en la asignación de citas con especialistas. Las instituciones defensoras de derechos humanos ya han encendido las alarmas sobre el peligro que corre quienes, por falta de gestión administrativa, han visto suspendidos sus esquemas de tratamiento. No es solo un problema de números: detrás hay colombianos enfermos esperando medicinas que no llegan.