Mientras la violencia sigue marcando el día a día en las zonas rurales de La Guajira, la Defensoría del Pueblo decidió llevar su trabajo directamente a donde más falta hace. En los corregimientos de Corraleja y El Tablazo, en San Juan del Cesar al sur del departamento, más de 700 personas víctimas del conflicto armado y en situación de vulnerabilidad recibieron atención integral que abarcó desde lo legal hasta lo médico.

Durante toda la jornada se tomaron declaraciones de las víctimas, se ofrecieron asesorías jurídicas y se resolvieron trámites administrativos pendientes. Pero el trabajo no se quedó solo en lo legal. También hubo médicos generales, odontólogos, psicólogos que atendieron consultas, se realizaron vacunaciones y se entregaron medicamentos. Además, los funcionarios orientaron a las familias sobre los programas sociales disponibles para ellas.

Sin embargo, mientras escuchaba a la comunidad, la Defensoría se encontró con un problema grave. Muchas personas afiliadas al régimen subsidiado con la Nueva EPS no están recibiendo a tiempo sus medicamentos para enfermedades crónicas. Esas demoras generan una angustia real en familias que dependen de estos tratamientos para vivir. La situación se vuelve aún más delicada considerando que se trata de gente que ya ha sido golpeada por años de conflicto. San Juan del Cesar está clasificado en "peligro extremo" según la Alerta Temprana 010 de 2025, que advierte sobre los riesgos por la disputa territorial entre grupos armados ilegales en estos corregimientos.

La Defensoría priorizó recoger testimonios y dar orientación legal a las víctimas, consciente de que campesinos, comunidades negras, afrodescendientes, indígenas, niños y adolescentes están enfrentando amenazas de confinamiento y desplazamiento forzado. Durante la jornada también se conectó a las personas con programas como Sisbén, Adulto Mayor y Renta Ciudadana, con apoyo de la alcaldía, la Secretaría de Salud, el Icbf, la Unidad para las Víctimas y el hospital San Rafael.

El acompañamiento del Ejército Nacional en esta actividad buscó visibilizar la presencia del Estado en una región donde garantizar los derechos fundamentales sigue siendo una asignatura pendiente.