En varios territorios del país existe lo que los expertos llaman una "paz mafiosa": aquella donde "un orden criminal donde la violencia letal abierta deja de ser necesaria porque el control social ya está consolidado", según define el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Y es precisamente en medio de esa calma engañosa donde, ad portas de las elecciones presidenciales, 15 departamentos y 42 municipios enfrentan amenazas electorales graves.

El panorama sale a la luz en un informe del Instituto titulado "Votar con miedo: señales de interferencia y coerción criminal en las elecciones 2026", que recopiló reportes de 126 veedores en diferentes regiones. Lo inquietante es que durante las pasadas elecciones legislativas, estos observadores documentaron condiciones que afectaron directamente el derecho de la gente a votar libremente. Y según el estudio, si las autoridades de seguridad y electorales no intervienen, lo mismo podría ocurrir cuando se elija presidente.

Los números son alarmantes: 722 puestos de votación concentran las mayores alertas, llegando a agrupar casi 327.000 votos donde participarían cerca de medio millón de electores habilitados. En 52 de los 126 casos reportados, observadores identificaron actores con capacidad real de interferir en el proceso. Lo preocupante es que muchos de estos grupos "se sienten, pero no se ven directamente", lo que hace difícil documentar formas de control territorial que operan bajo la sombra.

Las tácticas de coerción son variadas y sistemáticas. Hay controles sobre quién entra y sale de municipios, restricciones a la movilidad de personas, distribución de propaganda política por grupos armados, amenazas directas y extorsiones. Nada menos que el 85,7 por ciento de los veedores identificó situaciones inusuales o potencialmente problemáticas antes de las elecciones. Entre las más comunes estaban las dificultades para moverse libremente y ofertas de dinero a cambio del voto. El estudio concluye que la compra de votos dejó de ser algo ocasional y se convirtió en un "mecanismo estructural de captura electoral", con pagos documentados desde 20.000 hasta 500.000 pesos, muchos acompañados de verificaciones mediante fotografías del certificado o entrega física del comprobante de votación.

Los cinco departamentos más críticos son Caquetá, Guaviare, Norte de Santander, Cauca y Chocó. Allí se encontraron desde intimidaciones contra votantes hasta seguimientos directos. En San Vicente del Caguán, Caquetá, por ejemplo, se difundió un mensaje de WhatsApp amenazando a líderes comunitarios con sanciones si la gente no votaba. En Guaviare, un panfleto atribuido al Bloque Amazonas de disidencias de las Farc establecía restricciones para movilizarse sin certificado electoral. En El Tarra, Norte de Santander, se confirmó presencia de grupos armados directamente en puestos de votación, generando lo que el informe describe como "un riesgo directo de constreñimiento al elector".

En municipios del Cauca como Guapi y López de Micay, líderes comunitarios acompañaban a votantes hasta las urnas y anotaban en cuadernos por quién votaba cada persona. El Instituto señala que esta práctica "anula de manera sistemática la libertad y la confidencialidad del sufragio". En Bajo Baudó, Chocó, comunidades indígenas fueron obligadas a votar en grupo bajo amenazas y malos tratos, dentro de un sistema donde reclamaban un "refrigerio" de hasta 500.000 pesos a cambio de presentar el certificado electoral.

El Instituto de Ciencia Política concluyó que "la interferencia criminal sobre el voto libre no requiere mostrarse para incidir; le basta con condicionar a quién, cómo y bajo qué condiciones se vota". Por eso pidió a las autoridades y a misiones internacionales de observación electoral que aumenten la vigilancia y consideren también el contexto social y político de los electores en estas zonas de riesgo.