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Más de 600 empleados del Ministerio de la Igualdad enfrentan despido sin plan de relocalización laboral

Fuente: La FM - Colombia
Más de 600 empleados del Ministerio de la Igualdad enfrentan despido sin plan de relocalización laboral
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El Ministerio de la Igualdad cerrará el 20 de junio de 2026 tras una decisión de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional su creación. Con solo tres días para el cierre, más de 600 trabajadores permanecen en la incertidumbre sin que exista una solución laboral clara. Además, consejerías integradas al ministerio también quedarían sin respaldo institucional.

A tres días de que se haga efectivo el cierre del Ministerio de la Igualdad, crece la angustia entre sus trabajadores. Más de 600 familias colombianas enfrentan un futuro laboral incierto, sin que hasta ahora el Gobierno haya presentado una salida clara para quienes pierden sus empleos en la entidad. El panorama es desolador: el ministro Alfredo Acosta Zapata solicitó a los funcionarios que entreguen sus informes y presenten cartas de renuncia, pero nadie en la institución atiende sus inquietudes sobre qué pasará con ellos después del 20 de junio.

La Corte Constitucional declaró inconstitucional la creación del Ministerio de la Igualdad hace poco, aunque permitió que continuara funcionando hasta esa fecha para cerrar operaciones de manera ordenada. Fue creado para la vicepresidenta Francia Márquez, pero la decisión del alto tribunal lo condenó desde su origen. A pesar de eso, nadie en la administración parece haber preparado un plan real de reubicación laboral para los empleados que quedarán en la calle.

Lo que agrava la situación es que dentro del Ministerio funcionaban otras estructuras que también desaparecerán. La Consejería Presidencial de Equidad para la Mujer se convirtió en Viceministerio bajo su estructura, al igual que la Consejería Presidencial para la Juventud. También estaba la Consejería para Personas en Condición de Discapacidad, que operaba como una dirección dentro del ministerio. Con su cierre, todas estas dependencias quedarían huérfanas, sin una entidad que las respalde ni continúe con su trabajo.

Los trabajadores denuncian que en la práctica están solos. Entregan documentos y cartas de renuncia, pero nadie los recibe ni les explica cuál será su destino. Es una situación que refleja la falta de planificación en un cierre que afectará no solo los empleos, sino la continuidad de políticas públicas dirigidas a mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. La incertidumbre laboral de más de 600 familias es el lado más duro de una decisión judicial que, aunque es clara en lo legal, ha dejado en el olvido a quienes trabajan en terreno.

Fuente original: La FM - Colombia

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