En los últimos días, la Unidad para las Víctimas ha estado presente en los departamentos del Cesar y La Guajira entregando cartas de indemnización a sobrevivientes del conflicto armado. La cifra es importante: 186 personas recibieron sus cartas de indemnización administrativa, con una inversión que superó los 5.083 millones de pesos. Detrás de cada número hay una historia de dolor y la esperanza de poder reconstruir vidas que fueron marcadas por la violencia.

Las entregas abarcaron municipios de toda la región. En el Cesar, llegaron a Aguachica, Becerril, Bosconia, Chiriguaná, El Copey, La Gloria, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pailitas, Pelaya, San Diego y Tamalameque. En La Guajira, las víctimas de San Juan del Cesar, Villanueva, Fonseca, Riohacha y Maicao también recibieron sus correspondientes indemnizaciones. Cada jornada contó con la presencia de autoridades locales, enlaces municipales y representantes de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas, demostrando que el proceso no fue solo una entrega de documentos, sino un acto de reconocimiento institucional.

Alexander Alvarado, director territorial de la Unidad para las Víctimas en estos departamentos, enfatizó que "la reparación no se limita a la entrega de una carta; también implica presencia institucional, articulación territorial y acompañamiento a las víctimas en su proceso de reconstrucción. Seguimos trabajando para que estas medidas lleguen de manera oportuna y digna a quienes han sido afectados por el conflicto armado".

Sara Esther Correa, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Riohacha, expresó su gratitud por el proceso: "Gracias a Dios primero, y a la Unidad para las Víctimas por entregar estas carta cheques a las víctimas en el departamento de La Guajira, gracias al Estado y a la gestión de las demás entidades, hoy es posible que reciban esta indemnización".

Estas jornadas representan pasos concretos en la implementación de medidas de reparación individual que buscan fortalecer la confianza entre las víctimas y las instituciones responsables de garantizar sus derechos. No se trata solo de dinero, sino de reconocimiento oficial de lo que sufrieron y un primer paso hacia la recuperación.