Colombia vive una paradoja incómoda en materia de salud. Aunque la mayoría de la población está afiliada al sistema, la realidad del acceso a servicios médicos se deteriora día a día. Así lo evidencia el más reciente análisis de Así Vamos en Salud, una organización que monitorea el funcionamiento del sistema. El informe expone una brecha cada vez más grande entre estar formalmente vinculado y recibir atención oportuna, continua y de calidad.

Los números son alarmantes. Entre 2021 y 2025, cierran las puertas 4.104 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en todo el país. Esto significa que mientras crece la población y con ella las necesidades médicas, la oferta de servicios se reduce. El envejecimiento de los colombianos y el aumento de enfermedades crónicas hacen que esta caída en la capacidad instalada sea aún más preocupante. El cierre de instituciones no se distribuye de manera uniforme: Bogotá lidera con 580 cierres, seguida por Antioquia con 273, Atlántico con 268, Cali con 227, Barranquilla con 212, Santander con 204 y Cundinamarca con 177.

El problema se agrava cuando se mira con detalle. Las camas hospitalarias desaparecen, especialmente en servicios para madres e hijos. Esta realidad obliga a muchas familias a viajar a otras ciudades para que una mujer gestante pueda tener un parto seguro o para que un recién nacido reciba atención especializada. Las brechas territoriales se profundizan, dejando a quienes viven en zonas apartadas en una situación de mayor vulnerabilidad.

La inconformidad es también medible. El número de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que los ciudadanos presentan crece de forma sostenida. Cuando estas solicitudes no se resuelven dentro del sistema de salud, la gente no tiene otra opción que acudir a los juzgados. El aumento de demandas de tutela en materia de salud es la prueba de que algo está fallando estructuralmente. Son decisiones que deberían tomarse en clínicas y hospitales, pero terminan siendo resueltas por los jueces.

El informe también detecta un cambio preocupante en la composición del sistema. Menos personas aportan al régimen contributivo y más dependen del régimen subsidiado. Con la informalidad laboral en niveles altos, esta tendencia pone en riesgo la sostenibilidad del modelo y cuestiona si será posible mantener la cobertura universal en el futuro cercano.

Las recomendaciones del análisis apuntan a mejorar cómo se gestiona el sistema, a ajustar la cantidad y ubicación de servicios según las nuevas realidades demográficas, a eliminar las barreras que enfrentan quienes viven lejos de las ciudades grandes y a utilizar mejor la información que generan las quejas de los usuarios para tomar decisiones. El diagnóstico final es incómodo pero honesto: Colombia mantiene la cobertura, pero la máquina está desgastada y cada vez le cuesta más trabajo responder a lo que los colombianos necesitan.