Los allanamientos revelaron un patrón que se repitió una y otra vez en ciudades y carreteras de Colombia. En mesas de plástico, morrales y maletas negras aparecían fajos de billetes recién contados, organizados en paquetes pequeños amarrados con ligas. Pero el dinero nunca viajaba solo. Junto a los billetes había listas impresas con nombres, números de cédula, teléfonos y volantes de campaña. Fueron escenas que saltaron a la luz gracias a denuncias en redes sociales, algunas incluso del presidente Gustavo Petro, quien alertó sobre un presunto caso en Córdoba donde se habría negociado alrededor de 100 millones de pesos por aproximadamente 1.000 votos. Aunque la denuncia inicial generó controversia sobre quién exactamente estaba involucrado, lo que quedó claro fue que se trataba de una práctica generalizada.

El Ministerio de Defensa reportó que al 9 de marzo se incautaron más de $3.800 millones en 56 operativos con 53 capturas. Cundinamarca concentró la mayor parte: más de $630 millones solo en Bogotá y sus alrededores. Córdoba le siguió con $434 millones, mientras que regiones como Antioquia, el Valle del Cauca y el Caribe sumaban cientos de millones más. No se trataba de puntos al azar. Expertos identifican estas zonas como nodos logísticos desde donde el dinero se fragmenta para alimentar estructuras electorales completas. En Antioquia, por ejemplo, el flujo se dispersaba en municipios menores como Apartadó, Puerto Triunfo y La Pintada. El mismo patrón se repetía en otras regiones.

La Misión de Observación Electoral recibió 78 reportes de presunta corrupción entre el 8 y el 12 de marzo en 21 departamentos. Cartagena concentró el mayor número de denuncias individuales del país con 9 reportes, ubicando a Bolívar como segundo foco nacional. Detrás de estas cifras operaban estructuras que Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, describe como sofisticadas: "el efectivo permite financiar la logística electoral —transporte de votantes, alimentación, pago de testigos y mantenimiento de estructuras territoriales— sin dejar rastros claros en los sistemas de control de financiación política". Los líderes barriales eran pieza clave, elaborando listados detallados y funcionando como intermediarios. Las transacciones se cerraban en "casas de apoyo", viviendas donde se registraba la contabilidad de votos comprometidos, se distribuía dinero y se coordinaban rutas de transporte. Este sistema podía generar votaciones masivas de 120.000 a 150.000 votos para candidatos que de otro modo tendrían mucha menos adhesión.

Clanes políticos regionales habían perfeccionado estos mecanismos durante años. Entre ellos figuraban el Clan Manzur en la costa Caribe, el Clan Aguilar en Santander, los Díaz Mateus, el Clan Amaya en Boyacá y el Clan Torres. El Clan Trujillo, consolidado en Antioquia, había expandido su aparato hacia La Guajira replicando su modelo. En un caso específico, el secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, se vio mencionado cuando un escolta suyo fue capturado con $145 millones en efectivo y propaganda electoral para Daniel Restrepo Carmona, heredero político de Trujillo. Según reportes, Lacouture, que fue magistrado del Consejo Nacional Electoral por el Partido Conservador, fue clave para conectar electoralmente a Trujillo con autoridades locales en regiones como La Guajira y Córdoba. La senadora Nadia Blel, vinculada al empresario Wadith Manzur recientemente capturado, obtuvo 178.907 votos, una de las votaciones más altas del Congreso, reflejando la capacidad de estas maquinarias para movilizar masivamente. En Córdoba, el exconcejal Misael Augusto Villarreal Jorge fue capturado el 4 de marzo con $434,7 millones, con posibles vínculos al clan Chagüi-Correa Villarreal respaldado por el senador Julio Elías Chagüi, aunque los políticos han negado conexión con los hechos.

El principal obstáculo radica en lo que Bonilla llama una "zona gris muy compleja". La legislación colombiana no prohibe el movimiento de grandes sumas en efectivo para logística de campaña, permitiendo que entre 50 y 100 millones circulen en un solo día, disfrazando la compra directa de votos. Según Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, en entrevista con EL COLOMBIANO, se identificó frecuentemente el uso de celulares para fotografiar tarjetas electorales ya marcadas. Estas fotos funcionaban como comprobante de que el acuerdo se había cumplido: quien pagaba exigía evidencia de que la persona efectivamente votó por el candidato acordado. El Estado ha mostrado poca eficacia garantizando que las campañas cumplan normas financieras, lo que permite que las maquinarias operen con relativa libertad. Las actividades logísticas legítimas —transporte de votantes, comida, pagos a operadores locales— se confunden intencionalmente con esquemas de compra de votos, dificultando la acción de las autoridades.