A mitad de 2026, Colombia enfrenta una cifra que hiela: más de 3.700 menores de edad ya han sufrido violencia sexual. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar confirmó estos números devastadores en su último reporte, respaldados por los datos de Medicina Legal, que registra cerca de 3.456 exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales contra menores este año. Lo más preocupante es que los abusadores no son desconocidos: son familiares, amigos, profesores, médicos, personas cercanas que traicionan la confianza diaria. Las niñas cargan con el 86% de estos casos, y Bogotá lidera el triste conteo con 797 reportes, seguida por Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Atlántico.

Esta realidad no es nueva. En 2025, el ICBF tuvo que brindar protección a 20.546 niños y niñas, una cifra que creció 10% comparada con 2024 y 21% más que en 2023. En Medellín, durante el año pasado, se registraron 690 llamadas de emergencia por violencias sexuales contra menores. Lo alarmante es que el 43% ocurrieron en el hogar, el lugar que debería ser más seguro.

Un caso reciente en Bogotá prendió todas las alarmas. En marzo, familias en la localidad de San Cristóbal denunciaron a Freddy Castellanos, un hombre que trabajaba como cuidador en un jardín infantil. Lo que parecía un caso aislado resultó ser la punta de un iceberg: había 12 víctimas. Dos de esas niñas fueron diagnosticadas con VIH como resultado del abuso, condenándolas a tratamientos que cambiarán sus vidas para siempre. Lo grave es que Castellanos era funcionario del ICBF, la misma entidad que debería proteger a la infancia.

Las madres denunciaron además la negligencia de la institución educativa. "Las directivas del colegio nos evadieron totalmente como papás, nos evadieron. Antes ayudan a sacar al profesor", reclamó una madre durante una protesta frente a las instalaciones. Otra madre, Margie, contó cómo se enteró del horror: "Simplemente, este señor de 36 años llegó de un momento a otro y nadie nos avisó". Su hija finalmente rompió el silencio: "Su profesor, haciéndose el que jugaba, le daba besos en la boca y que eso era muy incómodo para ella". Margie enfatizó que había prevenido a su hija sobre los peligros, pero eso no fue suficiente frente a un adulto en posición de poder.

En 2026, el ICBF atiende 11.617 procesos de protección de menores. De estos, la violencia sexual es el delito más recurrente, representando más de 3.700 casos. Le sigue la negligencia y omisión de padres y cuidadores con 3.738 ingresos, especialmente de adolescentes entre 12 y 18 años. Hoy, 67.551 niños, niñas y adolescentes están bajo protección estatal por distintas vulneraciones de derechos.

Las comunidades pueden actuar. El ICBF mantiene la línea 141 disponible 24/7 para reportar emergencias y denunciar maltrato, violencia sexual, acoso escolar o trabajo infantil. La Fiscalía General también atiende denuncias de delitos sexuales a través de la línea 122. Cada reporte es un paso hacia la protección de quienes no pueden protegerse a sí mismos.