Medellín se ha convertido en un refugio para miles de personas huyendo de la violencia que generan los grupos armados ilegales en diferentes regiones de Antioquia. La magnitud del problema es preocupante: solo en lo que va del año, la personería de la ciudad ha recibido las declaraciones de 2.292 víctimas del conflicto, de las cuales el 55% son mujeres que han tenido que abandonar sus territorios en busca de seguridad y atención.

Aunque casos recientes han llegado desde Briceño, la realidad es que estas personas provienen de varios puntos del país, pero la mayoría procede del mismo Valle de Aburrá. Le siguen en orden de llegada departamentos como Chocó con el 28% de los casos, la región Norte con el 12%, Urabá con el 8% y Bajo Cauca representando el 7% de las víctimas atendidas.

La ciudad cuenta con varias puntos de atención para estos casos. Juan Pablo Galvis Mejía, personero delegado jefe de atención al público de Medellín, explicó que "la principal es la Casa de Justicia El Bosque, en donde tenemos la unidad permanente y atendemos 24 horas, siete días a la semana, recibimos alrededor de 70 personas al día solo en esta sede, y alrededor de 15 en la sede central". Esta capacidad de atención refleja la urgencia de la situación en la ciudad.

Medellín ha asumido una responsabilidad enorme con estas víctimas. Según Galvis Mejía, "Medellín se ha vuelto una receptora clave en el país de víctimas del conflicto, puesto que es una de las zonas que más ayudas entrega a estas personas que sufren este flagelo". Mantener a cada víctima tiene un costo mensual de aproximadamente 3.900.000 pesos, según reporta la Secretaría de Derechos Humanos local.

Los hechos violentos que más afectan a estas personas son diversos. El desplazamiento forzado lidera con 1.624 casos registrados, seguido de lejos por homicidios con 106 casos, amenazas con 61 y desapariciones forzadas con 18 registros. Estas cifras muestran que muchas personas simplemente tuvieron que correr por sus vidas, dejando todo atrás.