El sistema de salud colombiano atraviesa una crisis de confianza sin precedentes. Durante 2025, la Contraloría General reveló que los ciudadanos radicaron más de dos millones doscientos mil peticiones, quejas, reclamos y solicitudes contra las EPS, cifra que refleja el deterioro profundo en la prestación de servicios. Esto significa que cada día, en promedio, casi 5.650 colombianos levantaron la mano para denunciar que algo no funcionaba en su atención médica.

Las EPS intervenidas por el Gobierno fueron las que más quejas recibieron. Nueva EPS encabezó el listado de descontentos con 518.211 reclamos, seguida por EPS Sanitas con 265.896 casos. Otras entidades bajo supervisión estatal como Famisanar acumuló 156.898 reclamaciones y Coosalud 86.587. Según el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, varias de estas EPS presentan "incumplimientos graves en indicadores jurídicos y financieros que ponen en duda su sostenibilidad". Entre las EPS no intervenidas, Salud Total lideró con 276.010 quejas, mientras que EPS Sura acumuló 243.101.

El crecimiento es alarmante. Comparado con 2024, las reclamaciones aumentaron un 27,41 por ciento, un salto que habla de un sistema cada vez más agobiado. Los problemas más comunes son los retrasos en la prestación de servicios, dificultades para acceder a tratamientos y medicamentos, y las demoras en responder a los usuarios. Para muchos pacientes, esto ha significado gastar dinero de su bolsillo para conseguir lo que las EPS debería garantizar.

La Contraloría fue clara: las intervenciones hasta ahora no han funcionado. Los pasivos de estas entidades aumentaron drásticamente, afectando directamente a clínicas, hospitales y prestadores de servicios. Peor aún, el ente de control advierte que estas fallas pueden llevar a complicaciones prevenibles e incluso mayores riesgos de mortalidad en casos críticos.

Ante esta situación, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, decidió actuar. "He solicitado el día de hoy la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas. Vamos a evaluar sus acciones, sus resultados, la respuesta a las PQR, la entrega de medicinas, y en función de eso, su continuidad o retiro", aseguró. Sin embargo, la medida enfrenta un obstáculo político: interventores como Jorge Iván Ospina, de la Nueva EPS, dijeron que solo el presidente Gustavo Petro tiene potestad para pedirles la renuncia. Por ahora, el pedido del superintendente está en el limbo, mientras los colombianos siguen esperando que alguien arregle un sistema que claramente no está funcionando.