La angustia toma cuenta de cientos de colombianos que recibieron un trasplante de órgano y hoy se sienten abandonados por el sistema de salud. Más de 200 pacientes trasplantados reportan una situación crítica: llevan meses sin acceso a medicamentos inmunosupresores, los cuales son absolutamente necesarios para que el cuerpo no rechace el órgano trasplantado. Instituciones como la Clínica Shaio han terminado sus convenios con Nueva EPS por la falta de pagos de la aseguradora, dejando a estos pacientes sin dónde recibir atención.

La Fundación Retorno Vital, que agrupa a personas con enfermedades de alto costo, ha documentado casos de pacientes que llevan siete meses sin sus medicamentos. Algunos reducen dosis por su cuenta, otros se endeudan comprándolos de manera particular. Todo con el objetivo de no perder un trasplante por el cual esperaron tres o cuatro años. La fundación fue clara en su denuncia: "llevan siete meses sin inmunosupresiones, reduciendo dosis, endeudándose o comprando medicamentos para no perder su trasplante. Mientras tanto, se dice que todo está bien. No lo está. La vida de quienes esperaron tres-cuatro años por un trasplante hoy está en riesgo. Exigimos respuestas y acción inmediata".

Osvaldo Casallas, un paciente de 53 años con un trasplante de riñón hace nueve años, cuenta su experiencia concreta. Recibió un mensaje de cancelación para su cita de abril en Clínica Shaio. "Me encuentro desubicado, ya que es vital asistir a estas citas para recibir nuestro tratamiento, laboratorio y medicamentos de mes", expresó Casallas. Las demoras no son aisladas: la Fundación Retorno Vital ha reportado demoras de hasta 266 días para que pacientes accedan a tratamientos ordenados por médicos. Los afectados están en Bolívar, Magdalena, Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Meta y Valle del Cauca.

La gravedad del asunto radica en que suspender estos medicamentos en un trasplantado no es simplemente inconveniente, es potencialmente mortal. Si un paciente deja de tomar inmunosupresores, su cuerpo puede rechazar el órgano trasplantado, perder completamente el trasplante e incluso causar su muerte. Como lo reiteró la Fundación: "un trasplante no termina en la cirugía. Depende de tratamiento y control médico permanente. Detrás de cada trasplante hay un donante, una familia que dijo sí a la donación y años de trabajo médico. Perder un órgano trasplantado por falta de medicamentos es inaceptable".

Nueva EPS ha acumulado denuncias en las últimas semanas. Hace poco también fue objeto de crítica por las demoras en medicamentos y la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años, caso que visibilizó las fallas en la entidad. El 10 de marzo, el Ministerio de Salud emitió un comunicado asegurando que "no contempla bajo ninguna circunstancia la suspensión de tratamientos, trasplantes, quimioterapias ni otros procedimientos de alta complejidad, ni autoriza de manera alguna a la interrupción de la atención de pacientes con enfermedades de alto costo". Sin embargo, las denuncias de los pacientes continúan.

A comienzos de esta semana se suspendió el decreto 182 de 2026, que pretendía trasladar a más de 6 millones de usuarios entre diferentes EPS, con más de 2,6 millones dirigidos a Nueva EPS. El Tribunal Administrativo de Antioquia frenó esta medida considerando que podría afectar derechos colectivos sobre acceso a la salud, libre elección de aseguradora y competencia en el sistema. El tribunal también expresó preocupación sobre la capacidad de Nueva EPS para recibir tantos pacientes, teniendo en cuenta que está bajo intervención de la Superintendencia de Salud desde abril de 2024 por problemas financieros y deficiencias en la prestación del servicio.