En Cartagena se agudiza una crisis que golpea de lleno a quienes cuidan la vida de los cartageneros. Desde las primeras horas de este martes, más de 200 trabajadores de la Clínica Cardiovascular Jesús de Nazaret en el barrio La Providencia tomaron las calles en protesta pacífica e indefinida. Su demanda es simple pero urgente: que les paguen los salarios que les adeudan desde enero de 2026.

Después de meses agotando diálogos con las directivas sin resultados, los empleados decidieron ejercer su derecho constitucional a la protesta. Detrás de esta decisión hay un drama humano que trasciende los números: familias sin recursos para comer, padres que no saben cómo pagar el arriendo o la educación de sus hijos, y profesionales del sector salud enfrentando diariamente estrés e incertidumbre. Según voceros de la Veeduría en Salud Color Esperanza, "resulta inaceptable que quienes dedican su vida a salvar a los demás tengan que salir a las calles a mendigar el pago de su salario básico. Esto ya no es un pleito laboral; es una crisis humanitaria".

Lo que agrava más la situación es lo que reveló Las Noticias Cartagena junto con la veeduría ciudadana: la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) ha realizado giros millonarios y puntuales a las cuentas de la clínica. Sin embargo, esos recursos públicos nunca llegaron a la nómina de los trabajadores, dejando interrogantes serios sobre dónde fue a parar el dinero y cómo se está administrando presupuesto dentro del centro asistencial.

Ante la magnitud del problema, se hace un llamado de urgencia a que intervengan el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría General de la República, la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar. El objetivo es claro: auditar las finanzas de la clínica, esclarecer el destino de los giros de la ADRES y ordenar el pago inmediato de lo adeudado a los trabajadores.

La protesta se ampara en derechos constitucionales que reconocen la protesta pacífica, la dignidad humana y el derecho al trabajo en condiciones justas. Los empleados cumplieron con sus turnos y sus responsabilidades. Ahora le toca actuar a las autoridades para que esta situación no siga deteriorando a las familias cartageneras que dependen de estos salarios.