A casi dos semanas de que se destapara públicamente una de las peores crisis de conservación ambiental en el país, el Ministerio de Ambiente salió el miércoles a presentar un plan para rescatar a cerca de 200 caimanes llaneros que permanecen sin comer desde diciembre en Villavicencio. Pero mientras los funcionarios anunciaban reuniones para junio y liberaciones para julio, quedó sin respuesta la pregunta más urgente: quién alimenta a los animales ahora mismo.

El documentalista Mauricio Salazar Rodríguez fue quien, a comienzos de mayo, llevó las cámaras al Parque Agroecológico Merecure y a la Universidad de los Llanos para mostrar la realidad que nadie quería ver. Lo que encontró fueron animales que pueden pesar hasta 500 kilos convertidos en "la cosa más triste que hemos visto en años", según contó en entrevista con Colprensa. Cocodrilos con la piel pegada a los huesos, producto de un ayuno que ya se ha cobrado la vida de al menos dos ejemplares adultos y ha generado episodios de canibalismo entre los animales desesperados.

El origen del desastre es un caos institucional que no tiene justificación. El Programa Nacional para la Conservación del Caimán Llanero nació en 1998 como un trabajo conjunto entre el Ministerio del Medio Ambiente y la Universidad Nacional. Pero en 2024, la nueva decana de la Facultad de Ciencias de la UNAL, Lucy Gabriela Delgado Murcia, decidió cerrar los convenios con las instituciones que cuidaban a los animales, argumentando que alimentar caimanes no era responsabilidad de la universidad. Los acuerdos se vencieron, los caimanes se quedaron en las instalaciones y nadie levantó la mano para hacerse cargo.

Lo que más duele es que estos no son caimanes cualquiera. Son considerados por los investigadores como el último banco genético viable para evitar que la especie se extinga. Llevan seis meses sobreviviendo de sus propias reservas de grasa y masa muscular, en un proceso de autodestrucción que ningún cuerpo animal aguanta indefinidamente. Salazar consiguió casi una tonelada de pollo en donación y preparó un protocolo de realimentación con veterinarios expertos, pero Cormacarena nunca respondió su solicitud formal. Mientras tanto, radicó una tutela contra el Ministerio de Ambiente, la UNAL, Unillanos, Merecure, Cormacarena y otras entidades. La Procuraduría también abrió una actuación preventiva sobre el caso el mismo miércoles, advirtiendo sobre posibles vacíos en la coordinación entre entidades.

El plan del gobierno anuncia medidas técnicas para junio y liberaciones para julio, pero deja sin resolver lo fundamental: alimentar a los 470 ejemplares que siguen en cautiverio. Natalia Ramírez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio, insistió en que "el caimán llanero es una especie prioritaria para la biodiversidad del país". Las palabras suenan bien, pero los caimanes siguen con hambre.

Salazar fue contundente en su conclusión, la misma que resume el conflicto: "Los cocodrilos no tienen la culpa. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas institucionales, no a costa de los animales". Y tiene razón. Una especie que está en el Apéndice I de CITES, el nivel más estricto de protección internacional, está siendo aniquilada no por la naturaleza, sino por la incapacidad administrativa del Estado colombiano para ponerse de acuerdo.