Dos hermanos, dos mundos, un poder que crece en la sombra. Armando Wouriyú se mueve en los pasillos de Bogotá mientras su hermano Gustavo Custodio ejecuta en La Guajira. Así es como líderes indígenas describen a este dúo que hace poco era conocido solo en círculos internos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), pero que ahora ocupa posiciones clave en el Gobierno de Petro. Armando acaba de saltar a los reflectores como vocero y tesorero de la Constituyente que busca cambiar la Carta Política de 1991, pero sus explicaciones sobre su rol han sido vagas. Es él quien controla la cuenta bancaria que recaudará 2.060 millones de pesos para financiar la iniciativa constituyente.

Lo que molesta a muchos en La Guajira es que mientras Armando negocia en Bogotá, su familia ha tejido una red de contratos millonarios. La Asociación de Jefes Familiares Wayúu de la Zona Norte Extrema de La Guajira, conocida como Wayúu-Araurayú y representada legalmente por Gustavo Custodio, ha firmado contratos por más de 20.038 millones de pesos entre febrero de 2023 y febrero de 2026, según encontró EL COLOMBIANO. Estos convenios los han suscrito con el ICBF, los ministerios de Interior, Educación, Agricultura y Salud, el DANE, y también con alcaldías y la Gobernación de La Guajira. En 2024 tuvieron su mejor año: 17 mil millones en contratos. Este año ya van 736 millones en acuerdos nuevos. En uno de los contratos más importantes, firmado en julio de 2023 con el Ministerio de Agricultura por más de 6 mil millones de pesos, se buscaba fortalecer proyectos de agricultura familiar y pesca artesanal que beneficiara a casi 6 mil pescadores. Pero fuentes locales aseguran que poco se materializó en el terreno.

Armando Wouriyú no niega que su hermano tenga esa asociación, pero rechaza cualquier influencia política en los contratos. Sin embargo, cuando EL COLOMBIANO le preguntó si sabe que su hermano ha tenido múltiples convenios con varias entidades del Estado, respondió: "Esas son las funciones de la asociación. Hasta ahí llego yo". El patrón se repite en otras preguntas. Cuando se le cuestiona sobre su historia contractual con ministerios, dice: "No me acuerdo de tantas cosas que hago yo".

El poder real de Armando trasciende ser solo promotor de la Constituyente. Líderes indígenas consultados por este diario lo describen como "un estratega político que logra influir en la política nacional mientras mantiene un control cuestionado sobre el territorio de la Alta Guajira". Su influencia se apoya en tres pilares: el control de la contratación social a través de la asociación de su hermano, su posición en la Mesa Permanente de Concertación (MPC) donde el Gobierno concerta proyectos con territorios indígenas, y su cercanía directa con el presidente Petro. Además, Petro lo nombró delegado presidencial para negociaciones con grupos armados como el Clan del Golfo. En Palacio lo definen como un "operador político".

Lo que genera desconfianza en el territorio es que mientras Armando negocia grandes proyectos de transición energética en Bogotá —hidrógeno verde, parques eólicos—, las comunidades de la zona norte de La Guajira siguen careciendo de lo básico: agua potable, salud y vías. Autoridades ancestrales consultadas por EL COLOMBIANO dicen que su territorio real es pequeño y que en varios lugares no lo reconocen como autoridad legítima. "Todavía no vemos que sus gestiones se materialicen en el territorio. Así ha sido siempre", comenta una de ellas. Otros lo tildan de "negociante y politiquero" más preocupado por sus operaciones en la capital que por las necesidades de su gente.

Armando comenzó su trayectoria como obrero en las salinas de Manaure en los años ochenta, donde luchó por los derechos laborales de los wayúu. Eso le costó el empleo pero le ganó respeto como dirigente social. Llegaría a presidir la ONIC en 1997 y se convirtió en voz de confrontación frente a actores armados que operaban en territorios indígenas. En 2008 fue amenazado por paramilitares y tuvo que abandonar temporalmente la región. Después gerenciaría la Empresa Salinas Marítimas de Manaure y más recientemente fue secretario de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos, encargada de seguimiento al Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. De ahí, en menos de cuatro años, junto a su hermano armaron este entramado de contratos millonarios que ahora es imposible ignorar.