Ser sindicalista en Colombia sigue siendo una actividad que pone en riesgo. La Defensoría del Pueblo reveló en el marco del Día del Trabajo que entre 1971 y 2020 nuestro país registró más de 20 mil actos de violencia contra personas que se dedican a defender los derechos laborales. Una cifra que confirma lo que muchos ya sospechaban: somos uno de los territorios más hostiles del planeta para quienes osan organizarse en defensa de mejores condiciones de trabajo.

La violencia contra sindicalistas toma muchas formas. No se trata solo de agresiones físicas directas, sino de un abanico de intimidaciones que busca silenciar el activismo laboral. La Defensoría identificó amenazas contra familias completas, agresiones basadas en género, violencia sexual, y una estrategia sistemática de deslegitimar el liderazgo de quienes se atreven a participar en espacios sindicales.

Las mujeres sindicalistas cargan con una vulnerabilidad doble. De esos más de 20 mil casos de violencia documentados, 3.395 fueron dirigidos específicamente contra mujeres. Esta cifra adquiere mayor relevancia cuando se entiende que las organizaciones sindicales están integradas por 889.068 hombres y 496.558 mujeres, una proporción donde ellas ya están en minoría y enfrentan inequidades estructurales.

El problema es aún más profundo. Apenas el 4,6% de los trabajadores colombianos está afiliado a sindicatos, lo que revela barreras persistentes para que la gente pueda ejercer libremente su derecho a la asociación. Aunque la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) cuenta con 261.719 mujeres afiliadas, la participación femenina en las centrales sindicales apenas alcanza el 36%, una brecha significativa que refleja cómo el machismo también permea las organizaciones que luchan contra la explotación laboral.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente: eliminar la brecha salarial de género, erradicar el acoso y la violencia en los espacios de trabajo, promover políticas inclusivas y equitativas, incorporar perspectiva de género en las negociaciones colectivas, y fortalecer la participación de las mujeres en espacios donde se toman decisiones sindicales. Sin esos cambios, el riesgo de ser sindicalista en Colombia seguirá siendo uno de los más altos del mundo.