La compositora mexicana Vivir Quintana le puso música a un grito que atraviesa toda América Latina. En "Canción sin miedo" están condensadas las historias de millones de mujeres que viven bajo amenaza constante. "Soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esta que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia, justicia!", cantan en coros que retumbarán nuevamente en las marchas de este 8 de marzo. Lo que la canción expresa es una verdad brutal: en países como Colombia, la violencia contra las mujeres dejó de ser excepción para convertirse en norma. Es una cadena de agresiones, amenazas y silencios que muy a menudo termina en muerte.

En 2025, Colombia registró 521 casos de feminicidio, cifra que aunque muestra una reducción del 19,7 % frente a 2024, sigue siendo alarmante. Pero hay un problema más grave: nadie sabe realmente cuántas mujeres están muriendo. Mientras la Policía reportó 196 asesinadas bajo esta tipificación, organizaciones sociales como el Observatorio de Feminicidios Colombia documentaron 973 casos. Esa brecha enorme revela un sistema fragmentado y un subregistro que impide comprender la verdadera magnitud de lo que está pasando. Este 2026 apenas van 33 feminicidios reportados en el territorio nacional, pero la indignación ciudadana crece con razón.

Un nuevo informe de la Fundación Paz y Reconciliación titulado "Vivir sin miedo: ¿Por qué continúan las violencias basadas en género en Colombia?" plantea la pregunta que nadie quiere responder: ¿cómo es posible que con leyes y rutas institucionales, tantas mujeres sigan viviendo aterrorizadas? La respuesta está en tres obstáculos que el sistema no ha logrado derribar.

El primero es la violencia estructural. Las mujeres ocupan una posición subordinada dentro de un sistema que se sustenta en el trabajo de cuidado no remunerado. Cuando no tienen dinero para escapar y ningún lugar donde refugiarse, se quedan atrapadas. En el Valle del Cauca, una mujer llamada Rosmira toleró 20 años de abuso del padre de sus cinco hijos porque no tenía cómo huir. Eligió dormir con su agresor antes que exponerse a la calle con sus hijos. La desigualdad económica y social convierte a las mujeres en blancos vulnerables.

El segundo obstáculo es la fragmentación de registros. En ciudades grandes como Bogotá o Cali hay más denuncias porque existen comisarías y juzgados. Pero en departamentos apartados como Vichada o Vaupés, el silencio estadístico es ensordecedor. No necesariamente porque haya menos violencia, sino porque no hay instituciones donde denunciar. El informe lo llama "justicia de dos velocidades".

El tercero es cuando el Estado se convierte en un "segundo agresor". Trámites excesivos, funcionarios que minimizan denuncias, y en los peores casos, incumplimiento de medidas de protección. El tío de Natalia Vásquez Amaya, una enfermera asesinada por su expareja en Suba en junio de 2024, cuenta: "Mi sobrina intentó alejarse de ese hombre y no pudo, ella lo tenía denunciado, inclusive ella vivía cerca de un CAI, de la Policía y allí tenían la orden de estar atentos por si ese hombre llegaba e igual llegó y la mató". Histórico caso de Karina Rincón, quien recibió 24 martillazos en la cabeza de su expareja el 22 de septiembre de 2025. "Fue el susurro de mi bebé que me mantuvo viva", dice ella sobre su milagro. Perdió los dientes y sigue en recuperación mientras el agresor aún no llega a juicio.

La impunidad es la norma. Entre 2018 y 2025, solo el 29,66 % de los casos de feminicidio llegaron a condena firme. El Estado tarda entre seis y siete años en llevar un caso desde la denuncia hasta sentencia definitiva. Mientras tanto, el 35,19 % de los casos está estancado en la fase inicial de investigación, y de ese grupo, el 67,4 % quedó archivado sin explicación legal clara. En Vichada la eficacia judicial es 0 %: ningún caso se resuelve. En Sucre apenas alcanza el 9,09 %. A febrero de 2026 hay 1.682 personas recluidas por feminicidio en Colombia, el 99,4 % hombres.

La violencia también mata a quienes se atreven a hablar. Entre 2018 y enero de 2026 se registraron 182 asesinatos de lideresas sociales. El 29 % ocurrió en el suroccidente, especialmente en Cauca y Nariño, donde más de la mitad de las víctimas son mujeres indígenas. En zonas de conflicto armado, el asesinato de lideresas es usado como estrategia para fracturar comunidades y controlar territorios.

Los investigadores advierten algo crucial: la impunidad no comienza en el crimen. Comienza mucho antes, cuando una denuncia no se investiga, cuando una medida de protección se incumple, o cuando una mujer que pide ayuda es ignorada. El sistema judicial falla desde antes del asesinato, cuando las alarmas ya existían. Mientras las instituciones no respondan con urgencia y mientras persistan las desigualdades que atrapan a las mujeres, poco cambiará. Por eso el 8 de marzo deja de ser celebración para convertirse en un incómodo recordatorio: vivir sin miedo sigue siendo una promesa incumplida para demasiadas colombianas.