Si usted vive en uno de esos 504 municipios dispersos en el país, pronto tendrá una única opción para atenderse cuando se enferme: Nueva EPS. El Ministerio de Salud ha puesto en marcha una reestructuración del sistema que obligará a más de 1,8 millones de colombianos a trasladarse hacia entidades intervenidas por el Gobierno. La medida afecta principalmente zonas periféricas y municipios medianos, donde otras aseguradoras deberán retirarse del mercado.

Antioquia es uno de los departamentos más golpeados. En 80 municipios allá, Nueva EPS y Savia Salud serán las únicas opciones disponibles. En Cundinamarca, poblaciones como Albán, Anapoima, Bojacá y Tenjo quedarán bajo exclusividad de Nueva EPS tras la revocación de autorizaciones a Sanitas, Salud Total, Famisanar y Compensar. Boyacá vive un patrón similar: en municipios como Iza, Guayatá, Güicán de la Sierra y Ventaquemada desaparecerán competidores como Sanitas y Cajacopi. En regiones más remotas como Guainía, Vaupés y Vichada, Nueva EPS ya aparece como la única promotora en prácticamente todos los municipios, borrando cualquier posibilidad de elección.

El Decreto 182 de 2026, publicado recientemente, fija porcentajes mínimos de afiliados que las EPS deben tener según el tamaño poblacional de cada departamento. En territorios con más de dos millones de habitantes se requiere mínimo 5 por ciento, entre 390 mil y dos millones se exige 10 por ciento, y en zonas menores a 390 mil el piso es 15 por ciento. Aunque el Ministerio de Salud arguye que esto solo busca garantizar operación adecuada, sus propios documentos revelan que en el 45 por ciento de los municipios del país solo funcionará Nueva EPS.

El traslado llegará en momentos en que Nueva EPS enfrenta una crisis financiera alarmante. Según la Contraloría General de la República, la deuda de la entidad creció 198 por ciento entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, pasando de 5,42 billones a 21,37 billones de pesos. Su patrimonio se tornó negativo: de un saldo positivo de 485 mil millones pasó a un déficit de 6,25 billones. El organismo de control ha catalogado esta situación como "inviabilidad estructural".

Con estos cambios, Nueva EPS pasará de 11,58 millones de usuarios a aproximadamente 14,19 millones en apenas tres meses, lo que representa un aumento del 22,6 por ciento. El Ministerio justifica que cumple con el "mandato constitucional de garantizar la continuidad del servicio y proteger el derecho fundamental a la salud, el cual no puede verse interrumpido por razones administrativas o financieras y mucho menos por malos manejos del modelo de intermediación".

Sin embargo, el cambio marca un punto de quiebre sin precedentes en la historia reciente del sistema de salud colombiano. Concentra la administración de millones de ciudadanos bajo una sola entidad estatal intervenida, eliminando cualquier competencia en amplias zonas del territorio nacional. A menos que la gente se mude de donde vive, los traslados serán inevitables.

Actualmente, el Consejo de Estado revisa un incidente de desacato contra el ministro Guillermo Jaramillo y una solicitud de suspensión provisional del decreto, lo que aún deja abierta la puerta a cambios en esta decisión que redefine completamente el equilibrio del sistema.