La violencia no deja de asomar su cabeza en las aulas colombianas. Según un informe que presentó esta semana la ONG Consejo Noruego para Refugiados, más de 11.000 personas fueron afectadas por 83 ataques diretos contra la educación durante 2025. Estos ataques impactaron 104 sedes educativas dispersas en nueve de los 32 departamentos del país, confirmando que la inseguridad en los territorios ha hecho de las escuelas blanco de la confrontación armada.

Lo que sucede en estos territorios es de proporciones alarmantes. Entre los ataques registrados hubo enfrentamientos armados dentro de los predios de las escuelas, uso de explosivos en los centros educativos y ocupación de estas instalaciones como bases militares. Un profesor del Chocó relató la crudeza de vivir esto en primera persona: "Los enfrentamientos empezaron cuando todavía estábamos en clase. Uno de los grupos armados se metió directamente en la escuela. Les rogamos que se fueran, pero no escucharon. Cuando terminaron los combates, nos tocó a nosotros limpiar las secuelas: recoger casquillos de balas, ropa de combatientes y los desechos que habían dejado en nuestros salones".

El panorama es tan grave que, de acuerdo con la organización noruega, cada dos semanas durante 2025 una escuela en Colombia fue utilizada u ocupada con fines militares. Esto provocó no solo el cierre temporal de los salones de clase, sino que comprometió directamente el derecho de los niños a acceder a educación y, en muchos casos, también a la alimentación que reciben en los colegios.

Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia, fue claro en su advertencia: "Es una cuestión de vida o muerte que se tomen medidas inmediatas para evitar ataques a las escuelas, mientras los grupos armados luchan por el control en el país". El experto subrayó que "la situación sigue siendo crítica y es totalmente inaceptable", porque no ve "un cambio real y duradero en los territorios" hasta que cada una de las partes del conflicto deje de tratar a las escuelas como objetivos militares.

Rizzo hizo un llamado directo a quienes están inmersos en el conflicto: "Las escuelas deben permanecer fuera de los límites de la violencia. Es hora de que las obligaciones de las partes en conflicto se transformen en acciones eficaces para proteger el futuro de Colombia".

El mensaje de fondo es que los niños y niñas de este país no pueden esperar a que las armas se callen para volver a sus aulas seguras. "La educación no puede esperar a que las armas se silencien: es una cuestión de supervivencia", concluyó Rizzo, haciendo énfasis en que tanto el Estado como la comunidad internacional tienen una responsabilidad ineludible de garantizar que las escuelas vuelvan a ser espacios donde la vida transcurra sin miedo.