La alarma está prendida en todo el país. De los 1.104 personeros que existen en Colombia, más de un centenar están siendo amenazados por grupos armados y bandas criminales. Así lo revelaron representantes del Ministerio Público durante el Primer Encuentro Territorial de Personeros, realizado en Florencia, capital del Caquetá. Se trata de funcionarios que día a día acompañan a las comunidades, denuncian problemáticas sociales y exigen que se cumplan los derechos fundamentales. Pero estar en primera línea tiene un costo alto: el riesgo constante a sus vidas.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, fue quien encendió la voz de alerta. Hizo un enérgico llamado al Gobierno Nacional para que refuerce de manera urgente las medidas de protección y seguridad de los personeros, especialmente en las regiones del suroccidente, donde la violencia es más cruda y los grupos armados tienen mayor control territorial. Mendoza fue enfático: "No podemos permitir que quienes defienden los derechos de la ciudadanía trabajen en condiciones de riesgo. Proteger a los personeros es proteger la democracia y garantizar la defensa de los derechos humanos en los territorios". El funcionario hizo hincapié en que es necesario implementar acciones concretas que garanticen la vida e integridad de estos defensores, reforzar la coordinación entre instituciones y diseñar esquemas de protección con enfoque diferencial para las zonas más golpeadas por la violencia.

Mientras personeros denuncian amenazas, la Organización de las Naciones Unidas también levantó la voz. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió un preocupante llamado de alerta por Lina Tabares, defensora de derechos humanos desde hace más de dos décadas y vocera de la Mesa Territorial de Garantías del Valle del Cauca. La ONU indicó: "Nos preocupa la integridad de la defensora y de su familia. Llamamos con urgencia a reforzar su esquema de protección y a avanzar con celeridad en la investigación y sanción de estas amenazas". El organismo internacional recordó que la Corte Constitucional ya la había identificado como persona en riesgo.

Los números hablan por sí solos y la realidad es más cruda aún. José Néstor Maya, un reconocido líder social y campesino conocido en la región como "paisa Nelson", fue asesinado en el municipio de Suárez, en el Cauca. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó que fue encontrado con signos de tortura en la vereda La Estrella. Maya se destacaba por su trabajo en defensa del territorio y su participación en procesos organizativos en Playa Rica, además de ser afiliado a la Junta de Acción Comunal. Con su muerte, ya suman 21 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en el país durante este 2026.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre la situación en Suárez. Emitió alertas tempranas indicando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados representa un riesgo permanente para los derechos de la población. En la zona actúan disidentes del grupo "Jaime Martínez", que se disputan economías ilegales como la minería y el narcotráfico, además de bandas de carácter local. El panorama es desolador: mientras los personeros trabajan para defender derechos en territorios disputados por la violencia, ellos mismos se convierten en blancos.