En La FM salió a la luz un debate que toca un nervio sensible en Colombia: ¿sirve de algo construir más cárceles para combatir la criminalidad? Dos expertos con visiones encontradas expusieron sus argumentos sobre el hacinamiento en centros de detención, la capacidad del sistema penitenciario y cómo enfrentar de verdad el problema de la seguridad en el país.

Ricardo Burgos fue directo en su crítica. Aseguró que la construcción de más cárceles no resuelve los problemas estructurales de la criminalidad y que históricamente este tipo de soluciones no han funcionado en distintos países. Para él, todo responde a un "negocio político que criminaliza la pobreza". Burgos señaló que el verdadero problema está en las causas sociales del delito: pobreza extrema, adicciones, desigualdad e impunidad judicial. Esos factores, insistió, no se arreglan con más infraestructura penitenciaria. Lo que el Estado debe hacer es fortalecer la administración de justicia con "más jueces, más fiscales y más investigadores" para agilizar procesos e investigaciones. Burgos también describió las cárceles actuales como "universidades del delito", donde la reincidencia y la criminalización se fortalecen. Calificó la expansión carcelaria como "populismo punitivo" desconectado de reformas estructurales reales.

Hugo Acero Velázquez ofreció una perspectiva distinta. Explicó que su visión forma parte de una "estrategia integral de seguridad, convivencia y justicia", donde el sistema penitenciario no puede analizarse por separado. Acero fue franco al reconocer que el sistema carcelario es "completamente obsoleto", con estructuras antiguas e inadecuadas. El hacinamiento, dijo, según el INPEC es del 28%, pero si se incluyen URI y estaciones de policía alcanza el 50%. Para Acero, es necesario "modernizar el sistema carcelario" mediante nuevos establecimientos, pero no solo eso. La modernización también exige infraestructura segura, personal capacitado y sin corrupción, además de programas de resocialización. Señaló además que en centros de reclusión se presentan violaciones a derechos humanos que justifican la intervención estatal.

Interesantemente, los dos coincidieron en algo crucial: se necesita una política criminal actualizada. Ambos reconocieron que la celeridad en los procesos judicales es vital y que muchas personas encarceladas podrían eventualmente ser absueltas, lo que genera congestión innecesaria. Burgos enfatizó que la carga de trabajo de fiscales e investigadores es abrumadora, afectando la eficiencia del sistema.

En el cierre, Acero admitió estar de acuerdo en que no deberían permanecer presos quienes no merecen estarlo, pero insistió en que fortalecer y controlar el sistema penitenciario es posible y necesario. La tensión central del debate quedó clara: ¿se inicia por donde está el fuego (las cárceles) o por donde está la raíz (la sociedad y la justicia)?