La tragedia aérea del Hércules FAC 1016 en Puerto Leguízamo desató más que dolor: abrió una grieta entre lo que el presidente Gustavo Petro dijo en redes sociales y lo que los registros oficiales demuestran. Apenas conocida la noticia de los más de 60 uniformados muertos, Petro se refirió a la flota de transporte militar como "chatarra". Pero esa afirmación chocó frontalmente con los números: la aeronave fue donada por Estados Unidos en 2020 con un valor de 12 millones de dólares, y el gobierno anterior contrató un mantenimiento profundo por más de 11 mil millones de pesos en 2021. El gobierno de Petro recibió ese trabajo "a satisfacción" el 21 de diciembre de 2023, certificando que el avión estaba seguro para volar.

Además, la administración actual no dejó de invertir. El Hércules FAC 1018 pasó por mantenimiento por 17.861 millones de pesos, y en diciembre de 2024 se firmó otro contrato por 20 mil millones más. El Ministro de Defensa Pedro Sánchez confirmó públicamente que la aeronave estaba apta para volar. Los expertos no dudan: un avión de este modelo puede tener cincuenta o sesenta años de vida útil si se le hace el mantenimiento correcto. El general retirado Hugo Acosta explicó en declaraciones a El Tiempo que estos procesos de despiece y revisión completa, conocidos como PDM, "desbaratan completamente" el avión para verificar cada pieza con pruebas especializadas. Eso renueva su capacidad operativa. La edad, insistieron los especialistas, no es lo determinante: lo es el cumplimiento riguroso de los ciclos de mantenimiento que marca el fabricante, Lockheed Martin.

Pero las inconsistencias del presidente van más allá de la aviación. Hace poco afirmó que fue injusto llamar "uno de los mayores hechos de corrupción" al escándalo de la UNGRD, y que él sacó de inmediato al director Olmedo López. La realidad de las fechas cuenta otra historia. En enero de 2024, Petro defendió públicamente a López, quien solo renunció un mes después cuando la Fiscalía empezaba a imputarle delitos por desvío de recursos y corrupción en contratación. Las denuncias de López involucraron a varios congresistas, contratos irregulares y supuestos vínculos con el ELN.

En materia de pensiones, el presidente afirmó recientemente que "Los administradores de pensiones están sacando rápidamente el dinero del país que no les pertenece", calificándolo como "una fuga de capitales". El problema es que ese dinero sí pertenece a los afiliados, no a las AFP. La gráfica que compartió provenía de datos de la balanza cambiaria del Banco de la República, no de movimientos de fondos de pensiones. Los fondos tocaron picos altos en egresos, pero eso es distinto a lo que el mandatario sugirió.

Antes de las elecciones legislativas, Petro insistió en que el software de la Registraduría tenía "fallas" y había sido usado para fraudes. En 2022 no hubo evidencia de fraude por software: hubo diferencias atípicas entre preconteo y escrutinio en elecciones al Congreso, pero en Presidencia la diferencia fue apenas 0,1%. La Registraduría ha dejado claro que Thomas Greg no controla los datos de los colombianos; eso lo hace Idemia, con acceso solo de consulta. El voto y el conteo son manuales.

Analistas coinciden en que estas declaraciones controvertidas, sumadas al tono de redes sociales, han sembrado confusión sobre la gestión estatal. La oposición tiene material para cuestionar la transparencia de una administración que, en varios episodios, ha presentado versiones que no concuerdan con la evidencia documental o los datos oficiales. Mientras tanto, la Justicia Penal Militar investiga el accidente para determinar si hubo negligencia en el mantenimiento o en la operación del vuelo. Petro decretó tres días de duelo por la tragedia que dejó más de 60 muertos y 50 uniformados heridos.