Después de casi dos semanas detenida, la senadora Martha Peralta del Pacto Histórico volvió a recuperar su libertad tras cumplir con su indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. La magistrada Cristina Lombana había ordenado su captura el 18 de junio para garantizar que compareciera ante el tribunal en esta diligencia judicial. Una vez cumplida esta obligación, la congresista fue liberada de las instalaciones de la Dijín donde permanecía bajo custodia en Bogotá.

Aunque salió en libertad, Peralta no quedó completamente desvinculada del proceso. La senadora firmó un acta de compromiso que la obliga a responder a todos los requerimientos que haga la Corte Suprema mientras avanza su investigación. Su defensa había presentado un recurso de hábeas corpus argumentando que la detención era desproporcionada, pero un juez rechazó este recurso al considerar que la actuación judicial había sido legal.

La investigación contra Peralta se centra en si participó en un esquema de corrupción donde se ofrecían contratos a congresistas a cambio de que respalden las reformas de salud y pensiones impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según la Fiscalía, el modus operandi consistía en entregar contratos para garantizar votos, presencia en quórum y participación en debates clave relacionados con el endeudamiento de la nación. La senadora enfrenta investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, aunque ha rechazado categóricamente las acusaciones sosteniendo que ha actuado con transparencia.

Durante la audiencia de imputación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, salieron a la luz detalles sobre el supuesto rol de Peralta. La Fiscalía presentó pruebas de cuatro proyectos en el Invías por más de 571 mil millones de pesos y cinco proyectos en la UNGRD por más de 40 mil millones que habrían formado parte de este esquema de distribución de contratos. Según la investigación, Velasco ordenó al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, ofrecer contratos a congresistas durante el debate de la reforma pensional el 13 de junio de 2023, momento en el cual López se reunió con Peralta quien, de acuerdo con la imputación, coordinaba la estrategia del Gobierno.