La senadora Martha Peralta se ve envuelta en una nueva investigación penal tras una orden de la Corte Suprema de Justicia que la convocó a una indagatoria. El caso está enmarcado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), considerado uno de los mayores desvíos de recursos públicos que ha enfrentado el gobierno de Gustavo Petro.

La pregunta que ahora intenta responder la Corte es bastante concreta: ¿utilizó Peralta su influencia política para intervenir indebidamente en procesos de contratación de la UNGRD que beneficiaron proyectos en La Guajira? Según la investigación, personas cercanas a la senadora habrían mostrado interés en contratos ejecutados en esa región donde ella es una figura política relevante.

El peso de la acusación descansa principalmente en lo que han dicho Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres. Ambos se han convertido en testigos clave del caso tras colaborar con las autoridades cuando estalló el escándalo. Sus declaraciones señalan presuntas gestiones realizadas por personas allegadas a Peralta en relación con esos contratos, declaraciones que ahora la Corte está contrastando con documentos y pruebas recopiladas durante la investigación.

Sin embargo, la investigación aún está en etapa de recolección y análisis de evidencias. La Corte no ha tomado ninguna decisión de fondo sobre la responsabilidad de la senadora ni ha establecido si los hechos denunciados constituyen conductas ilegales o simplemente gestiones políticas dentro de lo permitido.

Peralta ha rechazado categóricamente los señalamientos en su contra. La congresista ha insistido en que nunca intervino en procesos contractuales de la UNGRD y ha manifestado su disposición para comparecer ante la justicia y dar las explicaciones que considere necesarias. Su defensa sostiene que las declaraciones de los exdirectivos deben ser corroboradas y que hasta ahora no existe decisión judicial que establezca responsabilidad alguna en su contra.

Este proceso se suma a la larga cadena de investigaciones abiertas por el escándalo de la UNGRD, que comenzó con denuncias sobre compra de carrotanques para La Guajira y posteriormente destapó posibles irregularidades en contratos, convenios y manejo de recursos públicos. Mientras avanza la investigación, la situación jurídica de Peralta permanece en etapa de indagación y será la justicia la que determine si los señalamientos que reposan en el expediente tienen sustento suficiente para establecer responsabilidades penales.