Martha Peralta está reorganizando su estrategia legal en medio de uno de los momentos más críticos de su carrera política. La senadora guajira del Pacto Histórico decidió cambiar de abogado defensor apenas una semana después de enfrentar una polémica indagatoria ante la magistrada Cristina Lombana de la Sala Especial de Instrucción. Ahora será el penalista Marlon Díaz quien asesore a la congresista en su presentación ante la Corte Suprema de Justicia, dejando atrás a Henry Montes, quien había coordinado su defensa hasta el momento.

El relevo ocurre en un punto de quiebre del proceso. Después de que Lombana levantara la detención que pesaba sobre Peralta tras los tres días de indagatoria, la Sala de Instrucción debe tomar una decisión determinante en las próximas semanas: archivar el expediente, acusarla formalmente y llamarla a juicio, o imponerle una medida de aseguramiento. La entrada de Díaz sugiere que Peralta busca refrescar su defensa justo cuando más la necesita.

La indagatoria que vivió la senadora fue especialmente tensa. El 18 de junio, la magistrada Lombana ordenó su detención, y aunque pasó esa noche en su casa bajo vigilancia policial, al día siguiente fue conducida nuevamente a los despachos de la Corte con custodia de una decena de uniformados. Henry Montes, su abogado anterior, presentó un hábeas corpus argumentando que la detención era injusta, pero la Juez 21 de Familia de Bogotá lo rechazó tras la oposición de Lombana. Montes también radicó varios intentos de aplazamiento que la magistrada interpretó como señales de que Peralta no quería presentarse, lo que agudizó las tensiones durante la diligencia.

Las acusaciones en su contra se remontan a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien aseguró que Peralta lo contactó en tres ocasiones para pedirle contratos, argumentando que esto la ayudaría en su campaña electoral. López dice que intervino para favorecer a Inversiones IRL, una empresa de Barranquilla fundada en 2017, en un contrato de más de dos mil millones de pesos para alquilar maquinaria de construcción destinada al mantenimiento de pozos en La Guajira. La Fiscalía remitió copias de su investigación a la Corte Suprema en abril de 2025, activando el proceso formal contra la senadora por presunto tráfico de influencias y cohecho impropio. También se investigan posibles irregularidades en convenios para ollas comunitarias en el municipio de Albania, donde aparentemente unos veinte mil millones de pesos de los sesenta y un mil millones asignados a La Guajira fueron desviados.

Peralta ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas como una "persecución política". Argumenta que su actuar en la UNGRD fue transparente y que las menciones en su contra provienen de un "delincuente mentiroso", en referencia a López. Abogada de profesión, asegura que sus gestiones se enfocaron en promover reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro, como la reforma pensional, sin negociar ventajas personales con el Ejecutivo. El contexto es complicado: Peralta fue presidenta de la Comisión Séptima del Senado cuando se aprobó la reforma pensional, la misma sesión donde López se sentó entre ella y la senadora Berenice Bedoya.

Mientras tanto, el círculo de investigados en el escándalo de la UNGRD crece. Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, está privado de la libertad por el mismo caso. Iván Name, quien fue presidente del Senado y es del partido de Peralta, también está preso. Andrés Calle, expresidente de la Cámara, enfrenta juicio. En este laberinto de decisiones judiciales, Martha Peralta ahora deposita su esperanza en Marlon Díaz. La senadora quedó sometida a restricciones estrictas: no puede salir del país ni cambiar de residencia sin autorización de la Corte Suprema. Su reelección en 2022 le permitió acumular más de sesenta mil votos en La Guajira, demostrando su enraizamiento político en el departamento. Sin embargo, eso no la protege del escrutinio judicial que enfrenta. El próximo movimiento de Díaz será crucial para definir si Peralta termina acusada, libre o si logra que el caso se archive antes de que la magistrada Lombana termine su período en octubre.