Una fotografía en las redes sociales de María Claudia Tarazona trajo de vuelta uno de los últimos momentos políticos de su esposo, Miguel Uribe Turbay, en Antioquia. La imagen captura el entonces precandidato presidencial durante su visita a Medellín hace exactamente un año, en un evento que convocó a la dirigencia uribista del departamento.

Ese acto tuvo lugar en Plaza Mayor durante abril de 2025, cuando Uribe llegaba a Antioquia para fortalecer su mensaje de unidad rumbo a la carrera presidencial de 2026. El encuentro fue masivo y lo acompañaron congresistas, diputados, concejales y líderes regionales. En su discurso, centrado en seguridad y lucha contra el crimen, dejó una frase que se quedó grabada: "Unidad igual victoria". Durante su intervención defendió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, criticó lo que consideraba abandono del Gobierno a Antioquia y evocó el asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay, como una marca en su visión sobre la violencia en Colombia.

Hoy esa fotografía tiene un peso muy distinto. No solo documenta una campaña política, sino que forma parte del registro de los últimos meses antes de que un crimen sacudiera al país y transformara el tablero electoral. El 25 de marzo de este año, María Claudia Tarazona se pronunció nuevamente con un mensaje muy personal, hablando del dolor que dejó la muerte de su esposo y pidiendo que "no haya sido en vano", buscando que su nombre sirva para unir a Colombia alrededor de la seguridad y la paz.

Según las investigaciones, el asesinato fue planeado por una estructura criminal vinculada a la Segunda Marquetalia. La Fiscalía ha expuesto que la operación incluyó reuniones en Cúcuta, seguimientos al precandidato y una cadena de mando que conectó cabecillas de esa disidencia con redes criminales en Bogotá. En el caso aparecen alias como "El Viejo", "Yako", "El Zarco Aldinever", "Gabriela", "Chipi" y "El Costeño", con distintos niveles de participación en la coordinación, logística y ejecución del crimen.

Lo que sigue intrigando es el por qué. Aunque hay avances judiciales y condenas emitidas, la pregunta de fondo permanece abierta. La Fiscalía sostiene la hipótesis de un golpe contra la democracia e intenciones de desestabilizar el escenario político y electoral, pero incluso dentro del proceso judicial persisten dudas sobre las motivaciones reales detrás de la orden que mató al entonces senador y precandidato presidencial.